En el debate presidencial una vez más salió a relucir la denominada ‘economía popular y solidaria’ para que supuestamente sus integrantes, de los sectores financiero y no financiero, sean actores principales en la recepción y manejo de las inversiones que se atraerían para la ejecución de proyectos en el país, omitiendo considerar el poco o nulo control que se da en los sectores financiero y no financiero que la integran.
En el sector financiero está evidenciado en la quiebra de una cooperativa de ahorro y crédito al casi finalizar el año 2024, en el sector no financiero que comprende mayoritariamente a las cooperativas de transporte se evidencia en el hecho de que, por ejemplo, se le quitó el permiso de operación a una cooperativa de buses en Guayaquil, lo que implica que perdió el objeto social que sustenta su actividad y por ende perdería su personería jurídica y de acuerdo con la ley sería causal de liquidación y eso no se ha aplicado. Además es evidente que la sanción impuesta es por revanchismo del alcalde con el gerente de la cooperativa, perjudicando a todos sus socios, si hubiera existido control de parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria oportunamente se hubiera detectado que existía un incumplimiento en la normativa y se debió hacer un llamado de atención para que los directivos corrigieran esa falta. Otros casos que conozco por mi actividad profesional dentro de esta área es el hecho de que no se exige el cumplimiento de la ley en cuanto a la duración en los cargos directivos de las cooperativas en las que “avispados directivos” se perennizan en los cargos, cumpliendo funciones “prorrogadas” porque la entidad de control no hace absolutamente nada.
Un caso muy representativo del descontrol del sector no financiero de la economía popular y solidaria es el caso de la hacienda La Clementina, en la cual sus trabajadores constituyeron una cooperativa para administrarla, pero quienes fueron nombrados directivos la llevaron a la quiebra.
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La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no cumple su función de control al no supervisar el manejo de los aportes que realizan los socios de las cooperativas, permitiendo que los mismos sean mal manejados por esos directivos “autoprorrogados”, además de que existe la traba de que si un socio quiere denunciar ante la Superintendencia (SEPS) le exigen que presente un acta de mediación de un centro de mediación de la Judicatura, cuando bien saben que en esa institución les indican que ellos no realizan ese tipo de mediación, y al no tener la famosa acta la SEPS desecha la denuncia.
Extorsiones de agentes de la ATM
Así que si cualquiera de los candidatos está enfocado en que las inversiones se manejen en las instituciones de la economía popular y solidaria espero que estén conscientes de que estarán echando el dinero en saco roto. (O)
Luis Vizuete Santos, ingeniero comercial y CPA, Guayaquil
