El caso B. Y. Insurance Brokers por captación de dinero del público prende todas las alarmas dentro de la industria del seguro. Me voy a explicar de mejor forma. La función de un agente intermediario de seguros, bróker o símil, acorde a la normativa de la actividad aseguradora, es una persona o empresa (persona jurídica) que tiene como objetivo único el agenciar mediante el profesional asesoramiento al individuo o persona jurídica que desee adquirir un seguro que cumpla con sus necesidades de cobertura y que esté acorde a las directrices financieras que el futuro asegurado le indique. Según la Ley de Seguros, esta no puede tener ingresos provenientes de otras fuentes que no sean las de comisiones que provengan de la venta legal de seguros. También, y hago válida la oportunidad, está prohibido expresamente de captar primas a nombre de las compañías de seguros.
¿Cómo puedo denunciar a una entidad financiera no autorizada?
Dicho esto, ¿cómo es posible que en medios de prensa y redes sociales se conozcan perjuicios que llegan a las decenas de millones de dólares primero, sin que los bancos averigüen la licitud de fondos?; salvo que tales cantidades de dinero cuando se cancelaban al inicio los intereses de usura lo hubieran hecho en efectivo, cosa que no ocurrió. También llama la atención la poca iniciativa fiscal financiera, la misma que de oficio debe intervenir para dar con el paradero de los autores del fraude. Seguramente la Fiscalía haría un comunicado de prensa diciendo “son fulano y zutano”, cosa que ya sabemos, y un “vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, que desde mi perspectiva en idioma ecuatoriano significa el caso queda en la absoluta impunidad. El daño perpetrado a quienes ejercemos con sacrificio, dedicación y profesionalismo esta actividad nos obliga a denunciar que el daño colateral que se ha hecho a la actividad aseguradora supera y en largo, al perjuicio económico sufrido por los confiados depositantes en el caso B. Y. porque afecta la confianza del público. Urge tomar medidas por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) para suspender y sancionar a B. Y. sin perjuicio de las acciones que siga la Fiscalía. (O)
Gustavo Zevallos Baquerizo, analista profesional de seguros, Guayaquil
