Los ecuatorianos que estamos al tanto de las noticias hemos visto con gran desagrado la corrupción enquistada en empresas públicas. Gracias a la decisiva labor de periodistas, salió a la luz que existen supuestos actos de corrupción en contratos públicos.
Como ecuatoriano me siento defraudado, porque cuando existen denuncias de corrupción y hay personas señaladas o descubiertas lo primero que hacen es huir del país. Me parece acertado que investigaciones den a conocer cómo ‘tejían’ en empresas, en la eléctrica principalmente.
No es posible que empresas que se revisten de muchos técnicos y especialistas con sobrados méritos y experiencia en sus actividades deban contratar personal particular para que sus operaciones sean ‘exitosas’. Lejos del axioma de seriedad, honestidad y transparencia, de darse presuntamente acuerdos con contratos con sobreprecios y documentos adulterados, corresponderá a la Fiscalía del Estado intervenir con el objeto de determinar si las empresas recibieron ‘jugosos’ contratos.
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Es necesario y prudente que las autoridades investiguen y sancionen con todo rigor. No es dable que exista corrupción inmiscuida en empresas públicas que presionan a las compañías que contratan cobrando un porcentaje para que sean elegidas y puedan trabajar sin problemas.
Deberían recibir a las mejores empresas ofertantes y darles los contratos para que trabajen profesionalmente sin presiones que proponen “Te doy un contrato y, a cambio, me das un tanto por ciento”, por ejemplo, determinándose un delito de extorsión que está tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); y quienes participen como empleados públicos en esto deben ser sancionados con la norma penal descrita en el artículo 278 del COIP (peculado), delito que castiga con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. (O)
Luis Lamota Mora, abogado, Guayaquil
