Una posición generalizada entre el público y los políticos es la confusión entre lo que es seguridad social y seguro social, y los políticos y gobernantes de turno lo confunden intencionalmente, demagógicamente para obtener votos y la confianza del pueblo.
La seguridad social, como derecho humano fundamental, es tarea predominante del Estado nacional como política pública universal y no contributiva. El seguro social es un derecho humano, económicamente generado por la actividad laboral de las personas en relación de dependencia de un empleador o patrono o por cuenta propia, es decir, de todos los sectores laborales afiliados activos y jubilados. En relación con estas definiciones tan claras, a los menores de edad y a las mujeres no afiliadas y no contribuyentes, es el Gobierno el que debe otorgarles la seguridad social a la que tienen derecho y no el Seguro Social que se perjudica con cantidades inconmensurables al hacerlo. Para evitar estas confusiones hay que educar y orientar al pueblo para que conozca a quién le corresponde garantizar ese derecho y no se perjudique una vez más a los afiliados activos y jubilados que contribuyen a financiar el Seguro Social y esperan que cumpla todas sus prestaciones. (O)
Marcelo Manuel Lazo Salazar, doctor en Medicina, Guayaquil