En un artículo anterior escribí sobre Eliot Ness y su equipo de incorruptibles durante la ley seca en EE. UU. Se los denominó “los Intocables” por haber sido inmunes al soborno de las mafias de contrabando de alcohol. En nuestro país, el término parecería adaptarse mejor a quienes, a pesar de sus pillerías evidentes y bien documentadas, continúan pavoneándose impunes, sin siquiera el temor a ser castigados porque sus tentáculos están insertados en muchas de las instituciones secuestrando a una justicia corrompida.
Muchos hemos perdido confianza en nuestro sistema de justicia. En el que existen categorías de ciudadanos; una, integrada por la gran mayoría, que enfrenta impotente a una justicia amañada donde la inocencia o culpabilidad no estará basada en los hechos, dependerá de cuánto dinero, poder o influencias se tenga. Esa mayoría, que, careciendo de recursos, enfrentará una justicia severa e implacable o sorda e ineficiente. Está la otra categoría, la de los intocables, de aquellos blindados por el propio sistema y con quienes la justicia encuentra argucias para exculparlos, para allanarles el camino; aquellos que están más allá del bien y el mal. Jueces, abogados, asistentes, tinterillos, encuentran vías para enriquecerse, ‘facilitando’ el trámite o entorpeciéndolo. No importa si contundentes pruebas demuestran la culpabilidad o la inocencia, lo que contará al final es quién tiene la capacidad de coimear al sistema corrompido.
El terrible entramado de negociados develado en estos tiempos de pandemia en los hospitales del país, si bien tal vez el más chocante por lo inhumano, por tocar directamente la vida y salud de tanta gente, es solo uno más de los incontables casos de atracos a fondos públicos en este país.
Periodistas, médicos y ciudadanos valientes han sacado a la luz pruebas contundentes de sobreprecios al triple del valor en insumos hospitalarios adquiridos a través de contrataciones avaladas por los servicios de compras públicas. Mientras unos se roban los dineros, en muchos de nuestros hospitales, ante la impotencia del personal de salud, se carece de lo básico como alcohol y materiales de protección que deben ser costeados por el ciudadano si quiere salvar su vida o la de sus seres queridos, como lo denuncia el Dr. Nicolás Moreira en el Hospital de Chone.
¿Será que caerán realmente las cabezas que están detrás de este entramado de corrupción o solo se cambiará a gerentes para acallar las voces de protesta?
En el país hay una lucha dispar entre los intocables corruptos y los incorruptibles, unos protegidos por el sistema; los otros, aquellos que, indignados ante una corrupción descarada y asesina, confrontados probablemente a ofertas para comprar su honestidad y decencia, continúan investigando, sustentando con documentos los robos infames a nuestros fondos públicos. Luchadores que, a riesgo de perder sus trabajos o incluso sus vidas, siguen alzando sus voces intentando ser escuchados por autoridades sordas; pobres ilusos, desconocen que muchos de nuestros jueces, asambleístas, autoridades, tienen carnés de discapacidad auditiva, tan frecuente en estos tiempos. (O)
