Nuestro invitado
La conquista de los derechos políticos para las mujeres ha sido extremadamente compleja pero infatigable y progresiva en el mundo. Bajo ningún punto de vista se puede decir que todo está resuelto, pero sí que la lucha está en progresividad. Desde 1838, el movimiento sufragista que se produjo en los Estados Unidos impulsó la ampliación de los derechos políticos femeninos, demanda que se concretó un siglo después cuando Naciones Unidas en 1948 incorporó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el voto de las mujeres como un derecho universal. En 1929, la Constitución del Ecuador agregó el sufragio para las féminas por la lucha incansable de Matilde Hidalgo, quien fue además la primera médica en el país.
A manera histórica, cabe precisar que dentro de América Latina, en Argentina se propuso la Ley de Cupo Femenino en 1991. De esta manera se motivaron la reflexión y el impulso de acciones concretas acerca de la paridad, en el sentido de mejorar la representación de las mujeres en los distintos espacios de poder, es decir, en la administración de la cosa pública en las distintas funciones del Estado. Para ese entonces y sin que la realidad haya cambiado de manera sustantiva, la matriz patriarcal pincelaba y sigue dibujando el rostro de la política. La realidad nos advierte que la participación de las mujeres debe mejorar en cargos de designación y elección.
Y pese a que varios países en la región hayan colocado a lideresas en la máxima posición del Estado, todavía las cifras siguen en contra, sin que el debate se reduzca solo a cifras. Para revitalizar la memoria vale recordar que Violeta Chamorro fue presidenta de Nicaragua en 1990, Rosalía Arteaga en Ecuador en 1995, Michelle Bachelet en Chile en el 2006, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina en el 2007 y Dilma Rousseff en Brasil en el 2011. Y aunque esto signifique un avance, detrás de los hechos hay varias problemáticas por resolver. Son casos excepcionales, no generales.
En la actualidad, los países con más legisladoras son los siguientes: Ruanda, 61 %; Bolivia, 53 %; México, 48,2 %; España, 47,4 %; Granada, 46,7 %; Namibia, 46,2 %; Suecia, 46,1 %; Nicaragua, 45,7 %, y Costa Rica, 45,6 %. Hasta la última elección en el Ecuador (2017), las cifras permanecían en rojo para la Asamblea Nacional, ya que se eligieron 85 asambleístas hombres y 52 mujeres. La realidad para las prefecturas fue peor todavía, 19 hombres y 4 mujeres. Para el caso de las alcaldías se eligieron 203 hombres y 18 mujeres; situación similar para las concejalías urbanas, 572 hombres y 292 mujeres; y para las concejalías rurales, 329 hombres y 114 mujeres.
Para mejorar la participación de las mujeres en la política debe operar un cambio en la cultura política, sobre todo en las organizaciones, como los partidos y los movimientos. No se trata solo de incrementar el porcentaje de manera obligatoria, sino de empoderar a las mujeres, ponerles en lugares estelares en las listas y revolucionar la idea de representación. (O)
