El Ecuador no tiene suficiente poder naval para controlar el mar jurisdiccional continental e insular, con relación a los poderes oscuros que representa el incremento asimétrico de la amenaza del narcotráfico y a la presión permanente de la pesca ilegal por parte de flotas extranjeras; necesita ser fortalecido, se lo está haciendo lenta y mínimamente debido a los insuficientes recursos económicos; el Gobierno decidió solicitar apoyo urgente, especialmente de aviones de gran capacidad tecnológica para exploración aeromarítima, que los tiene Estados Unidos (EE. UU.).

Durante el Gobierno anterior se debilitó al poder naval, que es el producto de multiplicar la fuerza naval por la posición geográfica: la fuerza naval organizada se compone de militares-marinos, buques, submarinos, aviones de exploración aeromarítima, patrulleros guardacostas oceánicos y equipos tecnológicos, y la posición geográfica estratégica es integrada por el lugar geográfico, bases de operaciones navales y facilidades logísticas adecuadas, desde donde se proyecta la fuerza naval. El debilitamiento se debió a criterios ideológicos y probables intereses oscuros.

En la constitución del 2008 se aprobó el “Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”, con el propósito de sacar del puerto de Manta el puesto avanzado de operaciones logísticas de los EE. UU., desde donde operaban aviones de exploración aeromarítima Orión P3 y Awacs.

El gobierno anterior dio por terminado el acuerdo, no lo renovó; la Constitución y la decisión política ideológica lo impedía, dejando el área marítima a oscuras por la ausencia de vigilancia aeromarítima que ejecutaban los aviones; desde allí solo se conocería del incremento de la actividad del narcotráfico por las toneladas de drogas capturadas en los países de destino.

La actividad de pesca ilegal supuestamente desapareció en esos años, se decía que éramos un país fuerte y que respetaban nuestra soberanía por estar bien gobernado.

El narcotráfico se incrementa aceleradamente en la zona, ya no es posible decir que no pasa nada; este gobierno empezó a ejecutar políticas de seguridad más duras; califica al narcotráfico como una amenaza real y a la pesca ilegal como una presión que depreda nuestros recursos pesqueros; al ver la debilidad del poder naval, asume la decisión política de solicitar y recibir apoyo de los EE. UU. a través de vuelos de vigilancia aeromarítima, dentro de un marco de cooperación binacional.

Aparecen voces que protestan contra la decisión invocando la constitución y asuntos ideológicos. Cabe el pronunciamiento del portavoz del Pentágono, Chris Mitchell. Dice que “mientras la relación sobre defensa entre Estados Unidos y Ecuador continúa avanzando en una dirección positiva, el Departamento de Defensa no ha firmado un acuerdo con el gobierno de Ecuador, para utilizar el aeropuerto de Galápagos y no está en negociaciones formales para hacerlo”. (Ecuavisa, 20 junio 2018).

Actualmente aparecen discrepancias y el exembajador del Ecuador en Washington dice que el motivo de su renuncia es por “estar en desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima (…) sin que exista un marco normativo bilateral indispensable para la ejecución de estas operaciones (…) para preservar la soberanía”.

Las autoridades del Gobierno responden. “Recalcamos que todas las operaciones y procedimientos han sido previamente autorizadas en el marco de los acuerdos generales de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, hoy en vigencia (...) La aviación civil autoriza los vuelos en estrecho apego a nuestra legislación e intereses”.

Es pertinente recordar que el narcotráfico ha permeado el Estado, solo por poner dos ejemplos públicos: un exdirector de la Aviación Civil en el gobierno anterior está siendo procesado por narcotráfico y supuesta conexión con un cartel mexicano; existe una investigación en proceso sobre el tráfico de influencias que involucra a un expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde el cargo de director de Aviación Civil era el más cotizado.

El poder naval es insuficiente contra la amenaza asimétrica del narcotráfico y la pesca ilegal, por lo que el Gobierno solicitó ayuda a los EE. UU.; el portavoz del Pentágono manifestó que el Departamento de Defensa no ha firmado un acuerdo y no está en negociación; el exembajador en Washington dice que es necesario firmar un acuerdo sobre el programa de vuelos; el Gobierno dice que las operaciones de las aeronaves de exploración aeromarítima están dentro de un acuerdo marco y la Aviación Civil autoriza los vuelos; el narcotráfico ha permeado elementos del Estado, cito los ejemplos sobre la Dirección de la Aviación Civil; ¿qué nivel de autoridad debería conocer el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima contra el narcotráfico y actividades ilegales, un embajador…?, ¿qué clasificación debería tener este programa?; para mi percepción debe ser secreto y si fuere autoridad con nivel de conocer el programa sobre los vuelos no sería seguro que alguien lo supiera y peor si se hace público. Dejo a su criterio otras respuestas. (O)