En algunas entidades públicas rondan los llamados tramitadores que ofrecen realizar en tiempo récord gestiones o diligencias judiciales, de tránsito, municipales, tributarias, societarias, etcétera, a cambio de sobornos. Para que esto no prospere, es clave que funcionen las instancias de control.
De unas 950 entidades públicas, solo dos cumplen con la certificación para aplicar la normativa antisoborno ISO 37001, acogida desde el 2017 por el Instituto de Normalización (INEN) luego de que el Gobierno lo dispusiera y encargara su supervisión a la Secretaría Anticorrupción.
La referida guía sirve para detectar, controlar y prevenir los riesgos de sobornos en los procesos de las instituciones. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), que firmó en septiembre un convenio para aplicar la norma, aclaró que lo hizo de manera voluntaria, porque no es una obligación legal. Y aunque no hay un plazo para que las entidades se certifiquen, la Secretaría Anticorrupción cree que debe hacerse hasta mayo del 2021.
La directora nacional del Sercop, al cabo de un año de procesos luego de la certificación, asegura que ahora hay más control; se ha revisado el 80 % de las adjudicaciones y observado a la mitad por irregularidades. Con tal nivel de efectividad, la certificación no debería ser una opción voluntaria. (O)
