Nuestro invitado
Imagínese por un momento que es propietario de un negocio que durante los primeros ocho años gastaba $21 por cada $100 que producía. Sin embargo, en los siguientes once años, los egresos prácticamente se duplicaron y se gastaron $38 por cada $100 en producción. Este excesivo gasto provocó que la deuda aumente considerablemente desde el 20% al 51% de la producción en los últimos siete años. En realidad, este ejemplo describe la actual situación fiscal que atraviesa el Gobierno ecuatoriano, lo cual debería preocuparnos a todos.
Las reformas fiscales y tributarias son necesarias e impostergables. En los próximos dos gobiernos, las finanzas públicas serán inmanejables si mantenemos la misma estructura de gastos. El siguiente gobierno tendrá que pagar solo por vencimientos de bonos soberanos $5.600 millones entre 2021 y 2025, mientras que la próxima administración afrontará vencimientos por $10.375 millones entre 2025 y 2029. A estas obligaciones debemos agregar el saldo vigente de la deuda con China que asciende a $6.453 millones, que en su mayoría vence hasta diciembre de 2028.
El presidente Moreno tiene la gran oportunidad de acabar con el círculo perverso de alto gasto corriente, agresivo endeudamiento y aumento de impuestos. En Ecuador Libre creemos posible una reducción ordenada del gasto público que no afecte a sectores prioritarios como educación, salud y seguridad. Sugerimos que el Estado reduzca sus egresos en 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2019 y 2021, en donde alrededor del 5% corresponde al gasto corriente y 1,6% al gasto de inversión y capital. Esta disminución aseguraría la sostenibilidad de las finanzas públicas y el fortalecimiento de la dolarización.
Usted se preguntará cuáles son los gastos corrientes que deberían reducirse. Recomendamos las siguientes medidas: 1) disminuir el gasto en bienes y servicios en $2.700 millones, ya que el Estado no compra a precios competitivos; 2) reducir el gasto en sueldos y salarios en $1.100 millones, para lo cual es necesario un proceso de concesiones y privatizaciones en el sector público; 3) focalizar los subsidios a combustibles (diésel y gasolina) por $1.500 millones debido a que es altamente ineficiente, permite el contrabando y contribuye a la contaminación ambiental. Estos egresos representan aproximadamente el 5% del PIB y pueden reducirse de manera progresiva entre 2019 y 2021.
Es necesario reducir el gasto improductivo y reestructurar la deuda externa con tasas más bajas y plazos más amplios. Caso contrario, el Gobierno no podrá cumplir con sus obligaciones en la próxima década. La moratoria de la deuda provocaría un aumento significativo en el costo del endeudamiento para los sectores público y privado y una reducción considerable en la inversión productiva. Sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay empleo. Estas medidas deben ir acompañadas de políticas comerciales, financieras y laborales que fomenten la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo adecuado. Se necesita responsabilidad y voluntad política. Reforma fiscal o moratoria, usted elija. (O)
