Siguiendo su calendario habitual, PROEstudios difundió una revisión de la última proyección de desempeño de la economía ecuatoriana para 2019, sintetizada en el indicador de actividad de corto plazo, Imacro.

Los resultados están ciertamente enmarcados en la inestabilidad de la economía internacional y signados por una preocupante balanza de comercio; el aumento de riesgos para alcanzar las metas del programa con el FMI; la inmovilidad de flujos de inversión extranjera y privada nacional; en fin, por desajustes en el mercado de trabajo –que persisten–, lo que afecta las posibilidades de al menos una modesta reactivación. Esto se ha reconocido oficialmente y también el actor principal del programa, el FMI. Nuevo endeudamiento también estaría en el escenario.

Típico alcance, este, diríamos, de los programas del FMI, sobre todo cuando se parte –como en el caso de Ecuador– sin un plan integral que debió evaluar, oportunamente, no dos años después, sus impactos sobre las esferas macro y microeconómica; global y sectorial; sobre los beneficios privados y la repartición en función de la productividad; las líneas claves del cambio del modelo pasado, propendiendo a un mejor funcionamiento de los mercados –para todos los operadores–; un Estado eficiente y proactivo y un sistema financiero comprometido con el proceso de ajuste. Seguridad jurídica, iniciativas y claros objetivos país, en un mundo de rápidos cambios.

En la coyuntura hay, además, aspectos importantes aún pendientes: la orientación que tendría la reforma tributaria comprometida por el Gobierno con el FMI (el aumento del IVA parece que sigue bajo examen, así como ajustes de precio de los combustibles, entre otros); el alcance de las reformas laborales, sobre lo que no hay consenso alguno; asuntos vinculados a la independencia y papel del BCE; y, el respaldo que a estas iniciativas tendría el Gobierno en la Asamblea Nacional, entre los trascendentales.

Al no haber sido definido de partida, se ha propiciado inestabilidad en las expectativas de los principales operadores. Tampoco se entiende la dirección que estaría orientando la corrección de la grave crisis que enfrenta el IESS/Biess, aún demorada y confiada no precisamente a especialistas en esta delicada materia. La asistencia de la OIT no garantiza aún la vigencia de un marco adecuado por la regulación, que finalmente apunte a la definición de un Código de Seguridad Social óptimo.

Como fuere, la serie original del indicador mensual de actividad productiva (Imacro), en junio, desborda su más bajo nivel desde mayo de 2017, en tanto que en la corregida por estacionalidad es menor al registro de septiembre de ese mismo año. En cualquier caso, a partir de abril del 2019 la caída es notoria.

En junio, el último mes disponible, la tasa mensual es -0,92%. Los datos destacados del Imacro 50, a junio, son: i) deslizamiento (Jun19 / Jun18), -0,9 %; año móvil de doce meses (Jun19–Jul18 / Jun18-Jul17), 0.7%; interanual acumulado CVE, enero – junio, 3,0%; y, tasa anual de la tendencia, -0,9 %.

A nivel trimestral, en 2019.II la economía creció 0,1%; aunque mejora ligeramente, el desempeño continúa siendo precario. En el acumulado enero-junio, el consumo final de los hogares aumenta en 0,1% y la formación bruta de capital fijo, también comparada con el primer semestre del 2018, decrece en 2,1%. Preocupante.

En la entrega 46 (abril de 2019), PROEstudios calculó una evolución anual nula del Producto Interno Bruto, PIB, para este año. Cuatro meses después reitera dicho resultado, el que podría acentuarse más allá del -0,5% del FMI, visto el escenario. Estima que el PIB nominal sería de USD 109.320 M, con un aumento en valor de 0,85%.

Si el acuerdo con el FMI implica incrementar los ingresos tributarios en 1,5% del PIB, el Ministerio de Economía debería recaudar USD 1.600 M adicionales a los del año anterior. Teniendo en cuenta que entre enero y junio los tributos aumentaron en 300 millones y asumiendo que el objetivo se reformule a 1,2% del PIB, en los siete meses restantes (julio a diciembre) aún se requeriría un monto de alrededor de $ 700 M, según PROEstudios.

En fuentes enteradas se insiste en que se forzaría dicho cumplimiento a través de un incremento del IVA, opción discutible. Al parecer se manejan nuevas “teorías” sobre la relación inflación/IVA. Debe acotarse que en el análisis de PROEstudios las importaciones de bienes y servicios decrecerían en 1,8%. La disminución se daría especialmente en servicios y mercaderías de consumo duradero y materias primas, lo que significaría otra merma en el impuesto al valor agregado.

Conseguir, pues, los “fondos faltantes”, vista la atonía del aparato productivo, exigiría más de cuatro puntos porcentuales de aumento en la tasa del IVA ¿Es conveniente? ¿O cabe cortar el exceso de gasto fiscal? Aquella sería, anota PROEstudios, una decisión política arriesgada y, social y técnicamente, una medida cuestionable.

En 2019 el consumo final del Gobierno decrecería en 1,1%. El consumo final de hogares situaría una tasa de 0%. Las exportaciones de bienes y servicios crecerían en 1%. La formación bruta de capital fijo caería en 1,8%.

Debe, Ecuador, ¿tomar clases de tango?, se interroga la consultora. Comparar las situaciones argentina y ecuatoriana es ciertamente difícil. Sin embargo, hay aspectos en común. La “fijación” por el cumplimiento de metas fiscales no necesariamente bien integradas descuida la consistencia global que requiere el cambio del clima de los negocios y un estímulo al comportamiento de la demanda.

Asimismo, tampoco se ha visto en ambos casos –Paul Krugman, entre otros, ha destacado su importancia– una predisposición de los operadores a cesiones recíprocas entre los agentes económicos. Mientras, el “riesgo país” continuará reflejando la inestabilidad en los dos casos.

Es momento de la ponderación y el consenso. Hay la necesidad de llegar a acuerdos amplios, en especial si la incertidumbre parece estar “ganando la batalla”. Alguna vez el diálogo serio por el país debería ser la norma. (O)