Al 5 de agosto de 2019, 4’296.777 venezolanos han emigrado, solicitado asilo o refugio alrededor del mundo, cifra que equivale a 14,8% de la población de Venezuela en 2018. Esta cifra no toma en cuenta a venezolanos que no tienen un estatus migratorio regular, por lo que la cifra total podría ser mayor.
En Ecuador residen 295.545 venezolanos a junio de 2019. En Colombia 1,4 millones, 853.000 en Perú y 178.575 en Brasil, para mencionar solo a unos de los principales países receptores en la región. Estos países no han experimentado en tiempos recientes un flujo así de masivo de migrantes y, por ende, no están preparados para hacerlo.
La medida implementada recientemente por el Gobierno de Ecuador de pedirles pasaportes, antecedentes penales apostillados y la obtención de una visa por $50 no resolverá el auge de delincuencia, que, además, no está demostrado que sea causado por este influjo de extranjeros. Esta medida empujará a los migrantes venezolanos hacia vías clandestinas y peligrosas para ingresar al país y los dejará fuera del radar de las autoridades.
José Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, explica que los que tienen acceso a un pasaporte nuevo son aquellos afines al Gobierno y/o aquellos que tienen $280 para obtenerlo. La espera por un pasaporte va desde meses hasta varios años. Hay gestores que cobran hasta $2.000 para “agilitar” el trámite.
Ahora también se les pide una copia apostillada de sus antecedentes penales. Los portales de internet para obtener esto son difíciles de acceder. Regalado indica que este requisito le da el poder a la dictadura de negarle la posibilidad de emigrar a sus perseguidos, simplemente fabricándole antecedentes penales.
No obstante, los venezolanos seguirán ingresando, esperando llegar, la gran mayoría de ellos, a Perú, Chile y Argentina. Regalado, como otros venezolanos entrevistados, dicen que tendría más sentido que el Gobierno de Ecuador provea un traslado o un permiso temporal para que pasen desde Rumichaca a Huaquillas.
En lugar de temerle a la masiva inmigración, deberían los países de la región hacer algo que de todas maneras le convenía hacer desde hace mucho tiempo: flexibilizar sus mercados laborales. América Latina es la región con mayor rigidez laboral, según el índice de libertad económica del Instituto Fraser. Ecuador, por ejemplo, se ubica en la posición 137 de 162 economías.
Experiencias no tan distantes de países pequeños con migraciones masivas, como la de Jordania y la de Israel, indican que estos pueden ser asimilados de manera exitosa e incluso derivar en un mayor crecimiento para la economía si tan solo los países receptores les permiten vivir y trabajar legalmente.
Si queremos ayudar a los venezolanos debemos permitirles trabajar lo más pronto posible otorgándoles –con los documentos que posean– permisos temporales y renovables de residencia y trabajo. Los migrantes judíos de países excomunistas que llegaron a Israel, así como los de Kuwait que llegaron a Jordania, rápidamente se insertaron en la fuerza laboral, aumentando la productividad de la economía, la base tributaria y el crecimiento. Los gobiernos tuvieron que liberalizar sus mercados laborales porque querían sobrevivir, pero los migrantes se volvieron una fuerza popular que respaldó una serie de reformas económicas que derivaron en un crecimiento sostenido para ambos países. (O)