Han transcurrido ya dos años y casi dos meses desde cuando el gobierno del presidente Moreno asumió la conducción del país. A poco de hacerlo, los ecuatorianos confirmamos lo ya presumido: la situación económica y social del país enfrentaba serios problemas, que condicionarían su ulterior desarrollo y posibilidades de crecimiento, en medio de una coyuntura internacional compleja, largamente más competitiva y caracterizada por un inusitado desarrollo tecnológico, cuya incorporación en los procesos productivos comenzó a ser norma regular desde hace algún tiempo.

La mayor integración a los mercados internacionales fue, esos años, para Ecuador, una ilusión: el único acuerdo comercial de “última generación” –el caso de los servicios ni de las inversiones no lo refleja– con la Unión Europea (UE) fue negociado ente 2013 y 2016, pues a poco de que los países andinos iniciaron en Bruselas un proceso conjunto en 2007 el gobierno de entonces decidió suspender todas las tratativas con el bloque europeo.

No se comprendió que en el estado de la evolución de las economías de mercado, los países “ya no venden”; a los países “les compran”, y les compran lo que es necesario, competitivo, producido en condiciones ambientales y laborales apropiadas, para lo cual incluso las reglas de los acuerdos lo contemplan explícitamente.

Los acuerdos que trataban de ser negociados tampoco avanzaron concretamente. Las negociaciones con Corea del Sur, por ejemplo, se paralizaron, así como las que se llevaban adelante con Turquía. Intereses de todo tipo lo determinaron: había temores de que aumentaría la competencia en ciertos sectores que no estaban dispuestos a jugar el juego liberal abiertamente.

En una economía que desea progresar y modernizarse, esto es equivocado, peor aún cuando la posición externa y sus resultados, al haberse perdido el signo monetario, depende exclusivamente de los flujos externos de inversiones, remesas y, por supuesto, de mayores y diversificadas exportaciones. Incluso acuerdos en el marco de la Aladi, con países de América Central, tuvieron un enfoque actualizador bastante conservador. La zona de libre comercio que se mantiene en la CAN es la de más amplio alcance práctico. En materia de servicios las negociaciones no han terminado efectivamente y es un asunto todavía pendiente. ¿Se impone una agenda transicional para seguir avanzando?

Con Canadá y los países de Asia los contactos han sido pocos. Diferente de lo que ha ocurrido en los casos de Colombia, Perú y Chile, miembros del esquema-objetivo de Ecuador actualmente: la Alianza del Pacífico (ADP). Esta semana tendrá lugar en Lima una reunión Presidencial del Grupo, que tiene metas no solo en materia de bienes y servicios y los demás temas que contemplan estos acuerdos, sino en el campo financiero.

La ADP promueve la integración financiera regional en ámbitos tan diversos como la gestión de la deuda, de fondos especiales, de los fondos de pensiones y de los esquemas de supervisión bancaria-financiera, entre otros. La creación de un mercado financiero único, de amplio alcance, implica un gran reto para los países. Ecuador debería estudiar desde ya cuál sería su posición al respecto. ¿Se habrá evaluado lo señalado? ¿Ha de corregirse urgentemente la situación del IESS/Biess ante tales expectativas?

Hay metas muy ambiciosas en servicios, materia en la que los países de la ADP han sido parte activa, además, de las negociaciones TISA (Trade in Services Agreement, de las siglas en inglés), en las que participan solo un grupo de países de la OMC.

Estas negociaciones tienen un carácter reservado, pero se conoce su objetivo liberalizador para el suministro de carácter exclusivamente transfronterizo y la negociación de normativas regulatorias (sobre lo que hay gran controversia).

En el marco de un programa de ajuste con el FMI la doble tarea que debe cumplir el país –seguir al mundo y mejorar su sector externo, en un contexto de fragilidad– resulta más difícil. Los cambios en el frente externo y los objetivos de suscripción de nuevos acuerdos comerciales, en particular con los EE.UU., clave, enfrentarán serios problemas en el corto plazo.

Las circunstancias se han modificado largamente: i) hay políticas de corte proteccionista impulsadas desde los EE.UU.; ii) se observa un nuevo reequilibrio internacional, cuyo liderazgo habría sido asumido por China; iii) hay cambios en definiciones importantes (abandono de EE.UU. del TPP a comienzos de 2018 y renegociación del antiguo Nafta), lo que genera dudas sobre la viabilidad del comercio libre; iv) está en curso una “guerra” arancelaria EE.UU.-China, aún sin desenlace definitivo, a pesar de lo propuesto por el G-20 de estos días; v) retrasos de la OMC en frentes clave –la solución de controversias, por ejemplo– y planteamiento y cambios en el alcance y direccionamiento de los objetivos de la Organización, que no se advierten claramente; en fin, vii) lo procedimental: ¿el ejecutivo de los EE.UU. debería demandar un nuevo “fast track” al Congreso para abrir negociaciones que puedan mantenerse sin ulterior intervención del Legislativo de ese país? ¿O será un acuerdo bilateral de menor alcance?

Preguntas de difícil respuesta. Por otro lado, la reciente observación a la constitucionalidad del acuerdo comercial Ecuador-EFTA es motivo de preocupación, pues podría tener repercusiones adicionales. El Gobierno posiblemente deberá renegociar el capítulo de Compras Públicas del Acuerdo, pues las reglas están fijadas, así como una negociación –incompleta– por listas negativas para bienes y servicios, lo que complica su eventual solución. De hecho, esto puede haber afectado la credibilidad externa, en un marco en el que no se dispone de BIT que reemplacen a los que fueron denunciados y sobre los cuales no hay resultado alguno. ¿Los olvidamos?

El futuro está a la vuelta de la esquina. Exige capacidades, credibilidad, proactividad. El progreso nunca espera. Y las nuevas elecciones comenzarán, a lo sumo, en 10 meses más. (O)

No se comprendió que en el estado de la evolución de las economías de mercado, los países “ya no venden”; a los países “les compran”, y les compran lo que es necesario, competitivo, producido en condiciones ambientales y laborales apropiadas, para lo cual incluso las reglas de los acuerdos lo contemplan explícitamente.