En este desmoronamiento político, social y económico que están viviendo países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y también Bolivia, aunque en bastante menor medida, las miradas se posan sobre Brasil. Un país que dijo ¡NO MÁS! y que puso en jaque a los regímenes de izquierda de Sudamérica.
Todo esto ocurre cuando, simultáneamente, en España un partido que ha sido catalogado por sus detractores como de extrema derecha, disruptivamente, se comienza a apoderar del escenario político: VOX. Una expresión que en latín significa voz. Tiene un presidente y un secretario general que es exmilitar, curiosamente, al igual que Bolsonaro, el presidente de Brasil.
Este secretario del Vox, Francisco Ortega Smith, además de ser abogado y político, tiene doble nacionalidad. Padre español y madre argentina y observando lo que sucede en nuestra región no está de más revisar las tres principales líneas estratégicas del Vox: el rescate del nacionalismo, las restricciones a la inmigración y la defensa de la familia tradicional.
Paralelamente siete presidentes de países sudamericanos (Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Ecuador) y los representantes de otros cuatro países (Guyana, Bolivia, Uruguay y Surinam) se reunieron este mes de marzo en Chile para crear el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). Con esta iniciativa se sepulta definitivamente a la ideologizada Unasur, dejando afuera a todos los países que no respeten la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, incorporando, además, acuerdos relacionados con defensa, seguridad y combate al crimen, así como también asuntos de soberanía e integridad territorial.
Estas dos situaciones, por un lado, el renacimiento de un fuerte nacionalismo impulsado por Bolsonaro, con un claro respaldo de Trump y, por otro lado, un esfuerzo democrático de varios países sudamericanos, por aislar no solo a Venezuela, sino también a Cuba y Nicaragua y una alerta a Bolivia, sin duda, se genera un nuevo bloque geopolítico en la región, para hacer frente a las amenazas del narcotráfico y los grupos paramilitares que hoy prosperan al amparo de la izquierda. Pero más allá de todo ello, lo que está ocurriendo no es otra cosa que una descalificación y un llamado de atención a la cada vez más ineficiente Organización de las Naciones Unidas. En resumen, un grupo de países que logró ponerle el cascabel al gato. Un gato viejo, flojo, lento, inoperante, con sobrepeso y que cada día es más amigo de los ratones. Hemos llegado a tal punto que hoy no sabemos qué hacer con el gato, pero ahí está y hay que alimentarlo todos los días.
Para finalizar y, teniendo a mano un paper del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), de febrero de este año, resulta alarmante como la Madre Patria nos cataloga en el “barrio de la coca”. No se salva nadie y, por algo será. Este estudio hace una división subregional y nos reúne en tres grandes grupos. Un área andina, integrada por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Un Frente Atlántico-Caribeño, integrado por Venezuela y Brasil y un Cono Sur, integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. El factor común del análisis es la comercialización de la cocaína. Unos, como los tradicionales productores otros, como los grandes corredores que permiten el tráfico entre distintos países, y ahora, le agregamos los nuevos y grandes consumidores, como el caso de Chile.
Este informe nos alerta también sobre el tráfico de armas, la explotación ilegal de la minería, la trata de personas, el tráfico de autos robados y combustible y la comercialización de ropa falsificada. En todos los países se observa el aumento del crimen organizado, la descarada corrupción política de personas de gobierno, como también los atisbos de entidades foráneas que tras fachadas ficticias se relacionan con el terrorismo islámico.
Al respecto, pareciera ser que la escasa presencia del Estado en zonas geográficas de difícil acceso, lo que en Chile conocemos como fronteras interiores y que muchas veces no solo es un problema de conectividad, sino también de decisión política, al aceptar que en las grandes ciudades existan barrios y poblaciones, donde no llega la ley ni la autoridad, favoreciendo la radicación de estos grupos que operan con un sistema paralelo de autoprotección y sometimiento por el terror, para sus intereses delictivos, como ocurre principalmente en Brasil con grupos paramilitares o milicias integradas por expolicías que ofrecen ilegales servicios de protección. Algo que en menor medida ya estamos viendo en el cono sur de esta subregión.
Todo lo anterior no es otra cosa que la incapacidad del Estado, a través del gobierno de turno de cada país, para controlar su territorio, sus fronteras y la violencia ciudadana con los medios tradicionales que la ley le otorga, y que, como en el caso de Chile, también se ha trasladado a algunas zonas rurales del sur del país, obligando al Gobierno a decretar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Se suma a ello, una anterior medida para controlar más de 130 pasos ilegales en la frontera con Perú y Bolivia, más conocido como el Plan Frontera Norte. Medidas todas que involucran a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, en actividades no tradicionales. (O)
* Coronel (r) del Ejército de Chile.
