Hace pocas semanas circuló una comunicación que contenía grave denuncia sobre la presencia de un alto funcionario petrolero que tendría un presunto conflicto de interés. Se trata del Dr. Luis Berrazueta Subía, actual procurador general de Petroecuador EP, y dentro de sus delicadas funciones tiene la responsabilidad de formular dictámenes legales referentes a la importación de derivados que realizan los proveedores de la estatal. Antes de ejercer este cargo era representante en Ecuador de la multinacional Luckoil en el área de Comercio Exterior y es reemplazado por el abogado Jacob Villacís Borja. Pero, sorprendentemente, este profesional trabaja como su asociado en la firma Aselegner, donde el procurador Berrazueta era el gerente general y accionista.

Es decir, continúa la firma Aselegner como representante de Lockoil, conociendo y decidiendo toda la problemática legal que tiene relación con su exrepresentada y su actual competencia. Berrazueta, al dejar la gerencia de Aselegner, cede el cargo a su hermana y con ello no solo emite dictámenes que involucran a su exrepresentada (que ahora la representa su abogado asociado) sino que dichos dictámenes de manera abierta involucran a la empresa que dirige su hermana. Esto evidenciaría una estrecha relación al convertirlo en receptor de información privilegiada que tendría acceso por fácil deducción y para cerrar el obvio conflicto de intereses, decide nombrar al esposo de su hermana (cuñado) el Dr. Alejandro Mosquera Corrales para que lo asista en la Procuraduría. Resulta que dicho familiar laboró como asesor legal y gerente de Comercio Exterior del régimen anterior, por lo tanto, conoció, negoció y avaló ciertos contratos con empresas chinas. Funcionarios de EP Petroecuador sostienen que ahora están negociando para “obtener mejores términos”. Tremenda contradicción. Resulta que quienes hoy asesoran la renegociación, ayer gestionaron esos contratos perjudiciales para el país. No se logra entender cómo polémicos funcionarios se mantienen en la cúpula de la estatal.

¿Cómo creer al Gobierno de sus sanas intenciones si se ejecutan groseros y repugnantes conflictos de intereses? ¿Por qué mantienen en altos cargos a funcionarios del régimen correísta que negociaron y avalaron cuestionadas decisiones? ¿Se puede pedir a estos funcionarios rectificar dictámenes polémicos por ellos emitidos anteriormente? ¿Qué opina al respecto el señor ministro de Hidrocarburos? ¿Y el gerente general de EP Petroecuador? ¿Han ordenado la respectiva investigación? ¿Para qué necesitan denuncias a un número telefónico ante un hecho evidente? ¿Por qué se burlan de los ecuatorianos?

Por lo grave del asunto realicé las verificaciones correspondientes y constaté que toda la documentación que se adjuntaba era verídica y fácil de comprobar, pues la encontré en las páginas de internet de la Superintendencia de Compañías y de la multinacional petrolera Aselegner. Me tomó 5 minutos. El 25 de octubre pasado, con el fin de recabar la versión oficial sobre este asunto solicité formalmente una entrevista al Ing. Pablo Flores, gerente general de EP Petroecuador, y al Ing. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos. La respuesta fue el silencio.

Mi intención al escribir esta nota es que impere la transparencia. El presidente Moreno pidió ayuda a la prensa honesta para aclarar este tipo de situaciones. Aquí tiene la oportunidad para poner orden y realizar una “cirugía mayor”. Ojalá se actúe diligentemente y que las palabras del mandatario resulten coherentes y creíbles. EP Petroecuador debe corregir su rumbo. (O)