En el artículo ‘Aguapen EP, empresa politizada e incapaz’, publicado el 10 de octubre de 2016, comenté que esta entidad desde el inicio de sus actividades (hace 18 años) se convirtió en un “botín político” de sus accionistas, es decir, de los tres alcaldes peninsulares al convertirse en empresa pública en el 2013. Y no me equivoqué, todavía sigue con rumbo equivocado. Estas autoridades de elección popular son quienes la manejan y controlan de acuerdo con sus intereses políticos. Podrán contratar al mejor gerente técnico y administrativo del mundo y no saldrá avante.

La Contraloría General del Estado tiene una sede en Salinas, pero da la impresión de que en Aguapen EP no pasa nada. La ciudadanía tiene una percepción real de lo que sucede allí. Los tentáculos de la politiquería impiden un control adecuado de las acciones y omisiones que se cometen de manera impune. También incide la “cuota de poder”. Es decir, los peninsulares vemos de manera impávida cómo estos “personajes” meten mano en esta empresa que fue creada para dotar de agua potable a los peninsulares y controlar el sistema de alcantarillado y aguas lluvias. Ese objetivo se ha cumplido a medias. Los ingresos económicos que se recaudan por conceptos de tarifas a los usuarios se diluyen en pago al excesivo personal, que es incrementado paulatinamente por órdenes de los burgomaestres de turno. No hay recursos para invertir en materiales para dar mantenimiento a las redes existentes o cuando esporádicamente existe lo adquieren de manera excesiva para guardarlos en bodegas. No hay una verdadera planificación, por lo tanto, la gestión es catastrófica. Calles céntricas de Santa Elena, capital de provincia, apestan debido al pésimo alcantarillado. El servicio es deficiente y cuestionado por los usuarios, que cuando reclaman una excesiva facturación, primero deben pagar y luego reclamar o le obligan a firman acuerdos de pagos a plazo. Casi nunca admiten fallas internas.

En agosto del 2013 estuve presente en el lanzamiento del Plan Maestro Aguapen 2035 realizado en la ciudad de Ancón, el que tendría vigencia desde el 2013 hasta el 2035 y era la solución para dotar de líquido vital a la zona urbana y rural. Preveía la construcción de otro módulo de 800 litros por segundo, similar al actual (ubicado en la planta Atahualpa), porque ya su vida útil había concluido. Incluía un nuevo reservorio de 12.000 m³ y grupos de bombeos para agua cruda y tratada, etc. Ese estudio nos costó a los peninsulares cerca de $ 496.000 y los resultados hasta la presente fecha no se evidencian.

El tiempo ha transcurrido y la demanda de agua potable ha crecido debido al incremento poblacional en la zona norte de Santa Elena. Los alcaldes que controlan Aguapen EP ignoraron lo que se planificó en el referido Plan Maestro. Es decir, hubo dinero gastado de manera infame. El burgomaestre de Santa Elena tramitó un préstamo de $ 18 millones ante el BEDE para ese objetivo, pero asumiéndolo como entidad municipal. Magistral jugada política. Insisto, Aguapen no sirve para nada. La politiquería la ha liquidado como tal.

Es urgente y necesario que sea concesionada a empresas privadas serias, que los politiqueros se mantengan fuera de su entorno. La ciudadanía peninsular tiene que reaccionar. Luego no nos quejemos por pagar tarifas altas para mantener una reprochable gestión.

(O)