Ante la posibilidad de que el sucesor de Nebot destruya lo logrado en estos últimos 25 años, Dahik propuso una consulta local para blindar el modelo que destina 85% del presupuesto municipal a obras y apenas 15% a sueldos. Sin embargo, el obvio pronunciamiento de Guayaquil, a favor de esa consulta, no protegería a la ciudad contra la verdadera amenaza que pende sobre ella.

Parto de hechos, antes de conceptualizar. En el país hay 9 zonas educativas, la Z8 corresponde solo a Guayaquil. Según la entidad pública que evalúa la educación (y que gasta millones) los bachilleres de Guayaquil alcanzaron en el año 2016-2017 un promedio ponderado de 734, el peor del país, apenas 34 puntos por encima de 700 que equivale a insuficiente. Con estos puntajes se accede a cupos y becas universitarias, por lo que la situación en la educación media se traslada a la educación superior. La Z3, Sierra centro que incluye Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza, provincias otrora estigmatizadas como de analfabetos, tiene el primer puesto con 775. Estos resultados, tan nefastos para el desarrollo integral de la ciudad, son la simple consecuencia de que el Ministerio de Educación viene, por décadas, invirtiendo, en cada habitante de Guayas, la mitad de lo que invierte en el resto del país, lo cual ha sido publicado muchas veces en esta ventana de opinión que me ha abierto EL UNIVERSO. Todo esto sucede 25 años después de la publicación del INEC: “La ventaja de vivir en la Sierra” y del estudio de la pobreza hecho por el Banco Mundial que descubrió que la Sierra rural era mejor atendida, no tan solo que la Costa rural, sino que la propia Costa urbana. En estos 25 años, el Estado gastó millones en “equidad territorial”, incluyendo un Ministerio de “Inclusión” con 10.377 empleados que consumen 129,1 millones anuales en sueldos, pero la exclusión y discriminación, en vez de disminuir, se han agravado. En salud, debo recordar que el 78% de las muertes hospitalarias del país en hospitales pediátricos suceden en Guayas y que nuestra esperanza de vida es 3 años menos que en otras provincias y menor que en el Oriente.

Entonces, ¿de qué sirve que Guayaquil, del mar perla preciosa, sea protegida por una concha, si está rodeada de un entorno “nacional” que le extrae vía impuestos el oxígeno que respira, le disminuye la vida y su capacidad de educarse y progresar?

Analizo otro hecho: el presidente anunció en octubre 2017 la construcción con fondos privados del puente sur sobre el Guayas que resolvería el flujo de contenedores por la vía Perimetral. En esta ventana aplaudimos, pero también advertimos que la burocracia en Quito haría de las suyas para oponerse; en 3 meses irían a licitación, ya van 9 y nada; perjudicando a todos en el país, menos quizás a la empresa (quiteña) que cobra actualmente por el flujo del PAN. El blindaje local no nos protege de la burocracia centralizada y experta en frenar el progreso de Guayaquil.

Otro ejemplo: parte de la Espol recibió el estatus de ZEDE (Zona Especial de Desarrollo Económico) privilegio que antes solo tenía Yachay. Sin embargo, si una empresa quiere calificar para establecerse en la ZEDE, la Espol apenas tiene el poder de presentar la solicitud de esa empresa para que funcionarios en Quito decidan si la aceptan o no, lo cual es una instancia perfecta para hablar en privado con la empresa y condicionar la aceptación a que cambien de lugar su proyecto.

¿Queremos blindar a Guayaquil para favorecer su progreso? Cerremos la llave del drenaje tributario y recuperemos nuestro derecho a asumir todas las competencias que podamos manejar, tal como era posible hasta el 2007. Es irónico que los secuaces de la revolución ciudadana, que todo lo centralizó, tengan ahora la aspiración de administrar la ciudad. (O)