Las aseguradoras privadas insisten en que se reforme la normativa de adjudicación de los contratos de seguros con las empresas públicas. Piden un concurso público con la participación de las aseguradoras privadas y públicas, en libre competencia como lo establece la ley.
Actualmente rige un “régimen de contratación especial” que beneficiaría a Seguros Sucre –controlada por el Estado–, que concentra los contratos de gran valor con el sector público. Sus costos duplican los ofertados por alguna empresas privadas, según denunció la asambleísta Ana Galarza en radio Democracia, en una entrevista nutrida con graves acusaciones de corrupción en esa forma de contratación monopólica. Habría sobreprecios en el pago del rubro reaseguro, manejado por un intermediario (en Miami) con las grandes reaseguradoras que operan en Londres. Galarza dijo que el costo del reaseguro no debería sobrepasar y sin embargo sobrepasa el 3% de la retención (prima), diferencia que constituye una enorme “comisión” que beneficiaría al intermediario y a sus “compadritos”.
Seguros Sucre está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, además de la Contraloría. Tales órganos de control podrían despejar dudas sobre la transparencia en la contratación del aseguramiento de los bienes del Estado, efectuada sin concurso público de precios e impuesta en un decreto de Rafael Correa. También podrían verificar los incumplimientos de la mencionada aseguradora, en indemnizar ciertos siniestros, tal como lo afirmó en una carta al presidente Moreno el exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Con el examen se podrán confirmar o desvanecer los impagos a Tame, Petroamazonas, Celec, Petroecuador, entre otras empresas públicas, por más de $ 206 millones (información de El Telégrafo).
En octubre del 2017, desde esta columna y bajo el título “Moreno ofreció transparencia…”, recordamos que los contratos “a dedo”, además de encarecer las adquisiciones de bienes y servicios en el sector público, causan la proliferación de peculados, cohechos, concusiones, lavados de activos; además de la evasión tributaria, por el dinero de esas actividades que salió de las fronteras.
Entonces señalamos que los contratos sin concurso de precios también comprometen la contratación de seguros en empresas e instituciones del Estado con escandalosos sobreprecios. En parte por el impedimento para ofertar de las compañías de seguros privadas. .Pese a que el artículo 74 de la Ley General de Seguros dispone la contratación en el sector público, con un concurso de ofertas entre empresas de seguros. En libre competencia (art. 75).
También hicimos notar que la forzada adjudicación de contratos de seguros, a favor de la compañía aseguradora que controla el Ejecutivo, cuando se trata de asegurar bienes de cuantioso valor, que normalmente superan la capacidad económica de las compañías de seguros para cubrir esos riesgos, obliga a subcontratar un reaseguro con reaseguradoras internacionales. Que en el caso de la referida compañía aseguradora, esta utilizaría un bróker adicional “intermedio”, que cobraría una comisión de cobróker y quien además sería el “distribuidor” de los valores que se quedan en el exterior. El presidente debe restituir el concurso de precios antes de la renovación de los seguros. Él ya lo dijo: “nadie debería impedir la transparencia”.(O)
