La corrupción en el sector público es un mal endémico que corroe las bases de un sistema democrático. La confianza de los ecuatorianos, reflejada en las urnas, durante muchas décadas ha sido motivo de burla por parte de ciertos mandatarios y funcionarios de alto y bajo nivel.
Recientemente el país se ha conmocionado por el caso Odebrecht, en el que aparece seriamente involucrado el vicepresidente de la República, a tal punto que está detenido y pronto será juzgado por las instancias judiciales. Supuestamente la mano corruptora de esa empresa multinacional ha repartido coimas para obtener beneficios de contratos de obras estratégicas en la nación. Ante esta circunstancia, el presidente Lenín Moreno dispuso la suspensión de las funciones del segundo mandatario y procedió a nombrar a una vicepresidenta encargada hasta que el presente caso se resuelva. Suponemos que esta persona es de entera confianza del presidente y esperamos que su desenvolvimiento sea pulcro y beneficioso a los intereses de los ecuatorianos.
Quienes amamos la democracia esperamos que la actual vicepresidenta encargada haga bien las cosas a ella encomendadas, por lo tanto, debe rodearse de un equipo de funcionarios y asesores profesionales idóneos y honrados. No debe importarnos a qué movimiento político pertenece sino su lealtad inquebrantable al presidente en su proyecto en marcha. Que su pasado político no sea un obstáculo para el desenvolvimiento de sus labores. Si ha cometido recientemente una pésima designación, está a tiempo para rectificar.
Hace pocos días, la península de Santa Elena celebró diez años de provincialización, tiempo muy corto para establecer cambios radicales en este sitio bendecido por el Creador. Los peninsulares anhelamos que la actual situación mejore y que las condiciones y calidad de vida sean una realidad, no una utopía. También aspiramos a que la justicia brille en todo su esplendor. Las personas de bien no debemos temer por decir las verdades. Que las llamadas telefónicas desde Quito a los jueces y fiscales que llevan este tipo de casos no sean influyentes para condenar a un inocente. Que esto sea un mal recuerdo del gobierno anterior cuando la justicia estaba controlada desde las alturas para beneficiar a los “amigos” de la mentada Revolución Ciudadana.
En la provincia de Santa Elena esto fue una práctica común que con el tiempo poco a poco se supo que existía. Ciertos funcionarios de elección popular creían poseer patente de corso para hacer y deshacer sus caprichos. Son tantos los casos de posibles actos de corrupción que eran bloqueados. El miedo imperaba. La Contraloría General del Estado asentada en la Península no reaccionaba. Todo estaba controlado por los “supuestos dueños”. Los asambleístas no deben tener opción a la mentada “cuota de poder”, pues es una causa de corrupción.
Esto me motivó escribir la presente nota. Decirles al presidente y a la vicepresidenta encargada que no pueden rodearse de personas con oscuro pasado político. Que la gente de confianza en cargos estratégicos tiene que ser idónea. Que los pícaros no deben tener cabida en su proyecto, que es nuestro. Los peninsulares identificamos plenamente quiénes son estos vivarachos.
Lenín no debe fallarle a los ecuatorianos. Particularmente trato de apoyarlo porque coincidimos en tener un Ecuador mejor, pero, su actitud en designar a ciertos funcionarios identificados con el anterior régimen nefasto, a veces me hace dudar… Mucha suerte, presidente. (O)
