Nuestra invitada
María Laura Patiño
En 1999, luego de la quiebra sistémica de los bancos, el presidente Mahuad y las autoridades económicas habían perdido la confianza del país y su capacidad para brindar certezas en relación con el control de la inflación y la posibilidad de mantener una cotización estable de la moneda nacional, el sucre, frente a las principales divisas.
Una causa inmediata y directa para el descontrol monetario provenía de normas legales introducidas en la Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en diciembre de 1998, con la que se le asignaron superpoderes al superintendente de Bancos, como presidente con poder de veto en el Directorio de la AGD, para definir el tratamiento que se daría a instituciones financieras quebradas, así como el monto de Bonos AGD que el Banco Central (BCE) estaría obligado a adquirir para capitalizar bancos en problemas o pagar a depositantes y acreedores de los bancos cerrados.
Los Bonos AGD, como todo Bono Soberano emitido por un Estado, representan deuda que el emisor –el Estado– asume con sus compradores, inversionistas nacionales e internacionales. Un Estado con credibilidad y confianza por un manejo ordenado y transparente de sus finanzas públicas incentiva la compra de bonos y un mayor precio, reduciendo intereses y comisiones a pagar por esa deuda, así proveen al país emisor de financiamiento conveniente. Cuando ingresos inferiores a los gastos presupuestados generan un “déficit fiscal”, un Estado puede vender Bonos Soberanos para cubrirlo. Sin embargo, cuando los mercados financieros dudan de la seriedad del compromiso del país emisor para pagarlos o por opacidad de la información, los costos financieros suben como en recientes emisiones de Bonos del Ecuador o ni los compran. El único comprador de estos bonos últimamente ha sido el IESS, lo que confirma la desconfianza en el Ecuador, como deudor, por parte de inversionistas nacionales e internacionales.
En 1999, en medio de la inestabilidad existente, en forma similar, no existían compradores para los Bonos AGD. El superintendente de Bancos imponía el monto de Bonos AGD a emitir; sin otro potencial “financista” para el Estado a la vista, el Banco Central otorgaba un crédito al Estado comprándolos. Sin embargo, dado que la reserva monetaria era insuficiente, los sucres con que se compraban los Bonos AGD eran una emisión inorgánica. Resultado: la espiral inflacionaria y el descontrol en la cotización de la moneda, que se hicieron visibles para el público en el último trimestre de 1999, antes de la dolarización.
La dolarización fue también la respuesta de los técnicos del Banco Central al descontrol de la política monetaria causado por la débil institucionalidad del Ecuador. La dolarización, al quitarle al Banco Central su capacidad de utilizar la máquina de dinero, eliminó el incentivo perverso que siempre habían tenido presidentes y ministros de Finanzas cuando faltaban fondos para su gasto público; o intereses económicos particulares que a través de leyes, como la de la AGD, interferían directamente en la autonomía técnica del Banco Central. Las emisiones inorgánicas imponen un impuesto oculto a la sociedad que es la inflación. Con la dolarización, al sacrificar el país su capacidad de emitir moneda soberana, el Banco Central dejó de depender de estas presiones externas y, casi automáticamente, Ecuador se ahorró el drama de la hiperinflación vivido en otros países de la región. El país soberanamente escogió la estabilidad frente a las incertidumbres que generaban instituciones débiles para impedir estas interferencias en la política monetaria.
A los gobiernos de turno se les impuso una camisa de fuerza que les forzaba a ser responsables con el gasto público, dado que no podía nunca más financiarse con créditos del Banco Central al Estado. Debían levantar financiamiento a través de venta de Bonos o endeudamiento, brindando certezas a los inversionistas de un manejo fiscal responsable; o conseguir consensos sociales para financiarse con nuevos impuestos, sin perjudicar a la economía nacional en su conjunto. Sin este financiamiento, la única medida responsable y compatible con la dolarización es la austeridad fiscal y reducción del gasto público. La eliminación de la prohibición de que el Banco Central otorgara crédito al Gobierno introducida en el Código Monetario y Financiero, en septiembre de 2014, fue un mal síntoma del compromiso del Gobierno con la dolarización, por ser incompatible con esta camisa de fuerza.
Es claro que al gobierno de 2016 se le dificulta financiarse nacional o internacionalmente. La respuesta ha sido una cadena de impuestos. En un escenario de recesión estos nuevos tributos no aseguran tampoco los recursos necesarios para cubrir el desfinanciamiento del presupuesto. No hay señales claras de que el Gobierno esté dispuesto a reducir seriamente el gasto fiscal ni sujetarse a un programa internacional que le obligaría a reestructurar su política fiscal y económica.
En 1998, la Ley de la AGD obligó al BCE a comprar Bonos AGD con emisiones inorgánicas para financiar la capitalización y pago a depositantes de bancos quebrados. En 2016, con el inciso final de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, se relajan “temporalmente” las condiciones del COMF que exigen que el dinero electrónico sea respaldado con activos líquidos de la reserva del BCE para garantizar su paridad y libre convertibilidad en cualquier tiempo con el dólar.
Al haberse reducido sustancialmente las reservas líquidas del país con créditos otorgados por el BCE al Estado, el dinero electrónico cumplirá la misma función que en 1999 tuvieron los Bonos AGD: permitirá levantar, a través de una nueva emisión inorgánica, el financiamiento para continuar el gasto fiscal, aunque eso destruya el pilar de la actual estabilidad monetaria. Y la institucionalidad actual, que depende de la voluntad del presidente, no presta garantías para que el dinero electrónico genere la confianza mínima que necesita cualquier moneda como medio de pago, instrumento de intercambio y para mantenimiento de valor.
El Gobierno apuesta porque el dinero electrónico, al permitir un aparente bimonetarismo, romperá la camisa de fuerza de la dolarización para el gasto fiscal. ¿Cómo creer que la gente va a tener confianza en una moneda nueva en un escenario de tanta inestabilidad como el actual y cuando el país aún experimenta los rezagos psicológicos de los estragos que se vivieron en 1999? Es una apuesta peligrosa, nada garantiza que repitiendo el comportamiento que nos llevó a la dolarización en 2000 por la pérdida de confianza en la moneda soberana, el resultado vaya a ser diferente. Pero las consecuencias de este peligroso experimento son de difícil pronóstico. (O)
Al haberse reducido sustancialmente las reservas líquidas del país con créditos otorgados por el BCE al Estado, el dinero electrónico cumplirá la misma función que en 1999 tuvieron los Bonos AGD: permitirá levantar, a través de una nueva emisión inorgánica, el financiamiento para continuar el gasto fiscal, aunque eso destruya el pilar de la actual estabilidad monetaria.
