Unos fines de semana atrás en el mercado de La Libertad, me llamó la atención un grupo de unas 30 personas de todas las edades, impecablemente ataviadas con su vestimenta indígena tradicional. La mayor parte del grupo estaba sentada en una vereda; estas personas se veían preocupadas. Me acerqué para saber de dónde venían y ellos se adelantaron a preguntarme si era cierto que debían comprar una tarjeta para ir en bus. “Venimos de afuera de Ambato y hemos viajado toda la madrugada porque venimos a ver el mar… Y ahora nos dicen que el mar no está aquí sino que donde van los turistas es otro pueblo más allá y que hay que tener una tarjeta para ir en bus, nos dicen que una tarjeta por persona y nosotros somos muchos y no nos alcanza”.

Efectivamente, el 23 de marzo pasado la Agencia Nacional de Tránsito inició un plan piloto en la provincia de Santa Elena para reemplazar el uso de dinero en efectivo y pagar el bus urbano únicamente con una tarjeta electrónica que puede recargarse en locales autorizados. La excelente iniciativa que serviría para ahorrar tiempo, evitar asaltos en los buses y modernizar el transporte público en general fue pobremente acogida por los peninsulares, quienes protestaron en varias ocasiones.

Un vendedor ambulante de la playa de Chipipe me contaba cómo les ha afectado el sistema de tarjetas: “Ahora los turistas llegan a Ballenita y no llegan directo acá, y encima les dicen que para venir acá tienen que comprar una tarjeta que vale dos dólares por persona… Para eso mejor se van para el norte que es más fácil, para ir allá no necesitan tarjeta”. En otras palabras, el proyecto, además de haberle costado 7,2 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, también ha tenido un costo económico para los turistas y prestadores de servicios de las parroquias urbanas de la península. El costo para el turismo no se consideró al momento de elaborar la estrategia, pero sí fue admitido por la ANT en el boletín de prensa en el que anunció la no obligatoriedad del uso de la tarjeta el 11 de agosto pasado, menos de cinco meses después de iniciado el programa: “Las personas que así lo deseen podrán hacerlo con dinero en efectivo, para dar las facilidades a los ciudadanos de esta provincia y a los turistas que la visitan”.

Y es así como el turismo se ve afectado por políticas públicas que por muy innovadoras que sean, se hacen desde arriba hacia abajo sin incorporar las realidades y las necesidades del sector productivo y de los actores sociales involucrados. Los espacios de retroalimentación y diálogo que podrían aportar a la construcción conjunta de estrategias se pierden por la debilitación de las cámaras de turismo y otras asociaciones gremiales. Respecto del grupo de indígenas, finalmente decidieron trasladarse a Salinas en un par de camionetas, en otras palabras, se vieron obligados a usar un servicio de transporte informal, sin las mínimas condiciones de seguridad. Más tarde, ese día los vi en la playa de San Lorenzo, felices, disfrutando del mar. (O)

El proyecto, además de haberle costado 7,2 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, también ha tenido un costo económico para los turistas y prestadores de servicios de las parroquias urbanas de la Península.