La ambientalista y activista por los derechos indígenas, Nina Gualinga, ahora libra una batalla contra la violencia física y psicológica de su expareja en las cortes de justicia

“Me golpeó en la cara, me amenazó con una escopeta, apuntándome a la cabeza y diciéndome que si me voy, me mata; me empujó para que me caiga y mis rodillas sangraron, me fracturó la columna de una patada”, contó Nina Gualinga —sobre la violencia que recibió de su exesposo— en una rueda de prensa, el 3 de enero del 2024, en Quito.

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Nina tiene 30 años; nació en Sarayaku en una comunidad kichwa a orillas del río Bobonaza, en la Amazonía ecuatoriana, en junio de 1993.

Cuando tenía 18, representó a los jóvenes de Sarayaku en la audiencia final ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. Ahí, la comunidad triunfó contra el gobierno de Ecuador por violar los derechos y territorio del pueblo Sarayaku para la extracción de petróleo.

Nina ha defendido la naturaleza en temas ambientales y derechos indígenas desde su infancia, sus esfuerzos trascendieron y en mayo de 2018 recibió el premio International President’s Youth Award de WWF. Este premio reconoce los logros sobresalientes de jóvenes menores de 30 años que están contribuyendo significativamente a la conservación de la naturaleza.

Pero ahora libra otra batalla personal. En 2015 por primera vez puso una denuncia formal en la Unidad de Violencia de la Fiscalía de Pastaza por maltrato físico contra su expareja y a pesar de que recibió una boleta de auxilio, la violencia no paró.

“En ese entonces, entregué a los agentes de la fiscalía la dirección de donde vivía mi agresor, la dirección del trabajo, el número telefónico, la descripción, incluso, el agente me dijo: ¿ah sí?, yo le conozco, pero nunca pudieron entregarle la citación y se archiva el caso”, relató Nina.

Recuerdo, un momento específico, cuando me miré al espejo —contó—, vi una chica tan flaquita, tan pálida y dije: “¿Quién es ella? Porque yo, no soy” —exclama llorando y moviendo sus manos aún pintadas con wituk, una fruta amazónica que se usa para el tratamiento natural del cabello y para pintarse la cara y el cuerpo durante las ceremonias y fiestas, mientras su hermana Elena la consuela con palmaditas en el hombro.

En el 2020, a sus 27 años, en vista de que el sistema judicial no avanzaba y no garantizaba su seguridad, decidió escribir una carta: “Hace casi dos años, después de años de maltrato, de haber sido amenazada con una escopeta en la cabeza, de haber sufrido una fractura en la espalda por una patada, con las rodillas todavía sangrando, agarré a mi hijo y decidí irme. No podía más”, entre otras cosas, esto decía la carta.

“Me tomó tiempo para poder irme, porque no es fácil y cualquier mujer que ha pasado por esto sabe que no es fácil. Incluso dudaba de mi propia verdad, me había lavado la cabeza tanto, que me sentía tan tonta, tan impotente, finalmente logré sacar las fuerzas de donde no las tenía y me fui de Ecuador. Pensé que al irme se acabaría todo, pero no fue así. Recibía llamadas, amenazas de publicar videos y fotos íntimas, amenazas a mi familia...”

En ese mismo año, en el 2020, Nina presentó otra denuncia en la misma Fiscalía de Pastaza por violencia psicológica y recibió la segunda boleta de auxilio.

“Me entregaron boletas de auxilio que no sirvieron para nada, porque el agresor, incluso, llegó a ingresar a mi casa, a la casa de mi familia; llegó a un evento de mujeres indígenas en el Día Internacional de la Mujer, borracho, con una lanza tratando de amedrentarme”, asegura Nina, junto a su madre, su hermana, su abogada y otras mujeres.

Desde el 2015 hasta ahora he tenido que repetir esta historia una y otra vez ante los medios, fiscales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, ante el Consejo de la Judicatura con la esperanza de que le garanticen acceso a la justicia. “Los fiscales se han burlado de mi dolor, han cambiado de fiscal, siete veces”, explicó.

“Estoy consciente de que soy una figura pública. ¿Qué pasa con los miles y miles de casos que están botados en la fiscalía, de mujeres que no tienen voz, que no tienen visibilidad, que no tienen accesos, que no tienen recursos y que, quizá, ni siquiera hablan español?, cuestionó.

“Hace más de cinco años me separé de mi agresor, pero la violencia no termina cuando la relación termina, la violencia continua y toma otras formas. Sigo recibiendo agresiones verbales, hostigamiento, acoso y violencia psicológica”, cuenta.

“Cuando tuve 19 años, se fue formalizando la relación con mi expareja, en el año 2015, cuando tenía 22, realmente comenzó a escalar la violencia física, sin embargo, antes ya estaba sometida a un círculo de violencia. Comenzó a controlar mi teléfono, mis redes sociales, mis correos. Me decía: esos amigos no sirven para ti. Esas amigas no son tus amigas. Tu familia no te quiere. Luego escaló a jaloneos, a romper mi computadora, mi teléfono, gritos, empujones…”.

Dentro de la demanda presentada en 2020, por el delito de violencia psicológica, finalmente se realizará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que será este 5 de enero de 2024, en la Unidad de Violencia contra la Mujer, en el Consejo de la Judicatura de Pastaza, en Puyo.

“Lo que estoy demandando es que haya una vigilancia al debido proceso y haya celeridad en el proceso, que me garanticen mis derechos y que haya alguna forma de reparación”.

“Busco libertad para caminar tranquila por las calles del Puyo”, concluyó Nina. (I)