El gobierno de Daniel Noboa decidió declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo ante las protestas que han comenzado por el retiro del subsidio al diésel.
La medida, según el Gobierno, busca detener la radicalización de las acciones de hecho tomadas en esas provincias.
“Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social”, indica el decreto.
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La declaratoria incluye algunas medidas:
Lo que sí establece el decreto
- El decreto establece un estado de excepción por “grave conmoción interna” en siete provincias (Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo).
- Duración: 60 días.
- Derechos restringidos: únicamente se contempla la restricción en la libertad de reunión.
- Medidas concretas: movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía para reforzar el control interno y evitar actos de violencia, proteger la vida y la libre circulación.
- Facultades: impedir y desarticular reuniones en espacios públicos cuando se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana o al orden constituido.
Lo que no establece
- No hay ninguna disposición que limite el libre tránsito por horarios específicos.
- En el decreto no hay artículo que mencione expresamente “toque de queda” ni restricción horaria.
- Tampoco hay suspensión del derecho a la libre circulación, solo se menciona que se reforzará para garantizarlo.
Dentro del estado de excepción, el Ejecutivo dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para la coordinación de esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia.
La movilización de las Fuerzas Armadas y su participación en el restablecimiento del orden público, según el decreto, es complementaria a las acciones de la Policía Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de seguridad pública y del Estado.
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En el decreto se indica que la movilización de la Policía tendrá por objeto reforzar el control interno para garantizar la integridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos a nivel nacional y la intervención emergente ante incidentes que vulneren los derechos de las personas, garantizar el derecho al libre tránsito y al libre desarrollo de actividades económicas y evitar la destrucción del patrimonio nacional y cultural. (I)
