A sus 54 años, Ángel Anchundia ha decidido abandonar la pesca. Ya no da más. Durante el 2024 le robaron por dos ocasiones los motores de su lancha y en un tercer hecho se le llevaron la pesca, la red y lo golpearon tan fuerte que perdió el conocimiento por unas horas.

Su yerno y su hijo, quienes también iban en el bote, lo llevaron a tierra para ingresarlo a un hospital. Allí estuvo ingresado quince días hasta que se recuperó.

Ángel vive en Manta, pero su lancha la tiene en Jaramijó. Desde allí solía salir cuando iba a pescar, pero ahora ya no lo hará. “Ya no es seguro andar en el mar”, señala.

El 2024 fue un año difícil no solo para Ángel, sino para todo el sector pesquero artesanal, indica Jimmy López, presidente de la Federación de Organizaciones Pesqueras Artesanales del Ecuador (Fopae).

En Manabí, ‘narcos’ pagan $ 40.000 a los pescadores por llevar la droga y $ 80.000 a barcos artesanales por el combustible

Los robos de motores, de embarcaciones, las vacunas y los secuestros aumentaron de manera significativa a nivel nacional. Afirma que pasaron de un promedio de 20 motores robados por mes en el país a 60 o hasta 100 durante el mismo periodo.

A esto se suma la desaparición de pescadores en el mar. Solo el año pasado se contabilizaron 230 a nivel nacional, señala López. “No sabemos si los secuestraron, si están presos, no sabemos nada”, expresa.

El dirigente cuenta que la situación empeora cada año. Durante el 2021 al 2023 los asaltaban y golpeaban, pero ya en el 2024 la violencia subió de tono y los asesinan y hasta desaparecen. Solo en este último año, Fopae contabilizó 60 pescadores asesinados en altamar en el país.

López señala que es necesario que ingresen las Fuerzas Armadas al mar para que cambie esta situación. Además, que el Gobierno otorgue créditos y establezca un plan de emergencia para el sector pesquero.

“Nosotros buscamos que el Gobierno nos escuche, necesitamos un plan de desarrollo, el seguro para los pescadores. El pescador, al reducir su área de pesca, ¿dónde va a caer? Nos regalan directamente a los malos y ellos se aprovechan”, expresó.

Los delitos en el mar tuvieron un incremento a partir del 2020 como parte de un proceso de fragmentación de la organización criminal Los Choneros, señala Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO).

Pescadores que llevan droga a altamar son víctimas de extorsión de las propias bandas que los contactan

Revela que los grupos que se formaron empezaron a buscar dinero rápido a través de las extorsiones, robo de naves en el mar, robo de motores y tráfico de combustible.

“Esto es parte del portafolio criminal de la organización Los Choneros que hegemónicamente ha tenido un poder importante del tráfico de drogas en el mar”, expresó.

A esto se suma la falta de control, pues los estados de excepción no se ven reflejados en el mar, donde hay una ausencia de operativos.

Esto lleva a la segunda parte del problema, la vinculación de los pescadores con el narcotráfico. Según Rivera, existe una relación directa entre los pescadores desaparecidos y el tráfico de drogas.

Cuenta que desde el 2017 existe un incremento del número de náufragos reincidentes en Ecuador. Es decir, pescadores que se declaran tres o cuatro veces náufragos frente a las costas de otros países.

“La mayoría de ellos entrega la droga y luego se declara perdido mientras pescaba y aparecen cerca de Costa Rica”, expresó.

Y eso es lo que actualmente se sigue observando. Durante el 2024, solo en el país de El Salvador, se registraron al menos diez operativos con detenciones de pescadores con drogas, algunos de ellos de Manabí y Santa Elena, de acuerdo con registros del sector pesquero. Sus familiares en Ecuador a veces no se enteran que están detenidos en otro país, por lo que inmediatamente los reportan como perdidos.

Decomisan una tonelada y media de droga frente a las costas de Manta

El especialista atribuye esto a varios factores. Uno es que en los últimos seis años aumentó el costo del pago a los pescadores para mover droga a Centroamérica. Desde el 2022 al 2024, el pago promedio pasó de $ 25.000 a $ 35.000.

“Hay incremento de $ 10.000 y es mucho más atractivo para quienes no precisamente se quieren dedicar al narcotráfico, pero que acceden a hacer eso por otros factores”, expresó.

El segundo aspecto está relacionado con el control que se da en los principales puertos marítimos del país, lo que ha hecho que las organizaciones criminales busquen otras rutas, donde las embarcaciones pesqueras juegan un rol más importante en Manabí y Santa Elena.

“Si hay controles en puertos, mueven la droga en embarcaciones pesqueras. Se modifican las tipologías. Eso es lo que lleva a que cobren protagonismo. Especialmente en Ecuador, donde no hay política ni estrategias del Estado en los puertos artesanales”, agregó. (I)