Patricio Chávez, integrante de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC), podrá volver a ocupar su curul en la Asamblea Nacional, al cabo de más de un mes de tener impedimento para ingresar al pleno.

La tarde del lunes 20 de mayo, un juez aceptó parcialmente la acción de protección que se presentó en contra de varias instituciones por “el ilegal registro de la inhabilidad del legislador Patricio Chávez y su impedimento para ejercer cargo público”, informó Jorge Sosa, uno de los abogados del asambleísta.

Sosa indicó en redes sociales que el juez “dejó sin efecto el oficio de la Contraloría detectando una irregularidad en la notificación efectuada al Ministerio del Trabajo”. Por ello, señaló el abogado, el Parlamento está en la obligación de devolver a Chávez sus funciones parlamentarias.

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Otro de los abogados, Gabriel Rivera, dijo que “se ha hecho justicia”. Comentó que el juez detectó que los derechos de Chávez fueron vulnerados.

“(El juez) ha mandado a que la Contraloría, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, que es la causa basal sobre la cual aparece todo este problema y corrijan sus registros”, explicó Rivera y ratificó que su cliente seguirá siendo asambleísta y no puede ser suspendido.

Patricio Chávez también se pronunció al finalizar la audiencia, que tuvo lugar en el Complejo Judicial de Quito. Indicó que Contraloría deberá entregar el certificado con la fecha en la que fue notificado con la sanción administrativa en su contra, que fue en el año 2021.

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Explicó que su inhabilidad para ejercer cargos públicos “ha precluido en el año 2023″. Y anunció que en los próximos días se reincorporará a la Asamblea Nacional, de donde es presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.

“Hemos generado un precedente histórico para que nunca más se intenten vulnerar los derechos de un ciudadano ecuatoriano electo por votación popular”, resaltó Chávez.

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Patricio Chávez tuvo problemas para ingresar a la Asamblea a partir del pasado 16 de abril a raíz de un certificado del Ministerio del Trabajo sobre una prohibición para ejercer un cargo público, que tiene relación con un informe de la Contraloría, aprobado en 2018.

La dirección nacional de predeterminación de la Contraloría estableció la responsabilidad administrativa de multa y destitución del servidor público, Patricio Chávez Zavala, cuando fue delegado presidencial ante la empresa pública Petroecuador.

Según el informe, se halló responsable al hoy asambleísta por suscribir, entre 2015 y 2016, una resolución que autorizó un crédito entre el Banco Industrial y Comercial de China y EP Petroecuador por $ 970 millones, con garantía soberana del Estado ecuatoriano.

De este modo Petroecuador gestionó líneas de crédito, aunque esa responsabilidad le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. Tampoco se suscribió el convenio de restitución entre Petroecuador y el Ministerio de Economía, previo al otorgamiento de la garantía soberana. Esto ocasionó que no se garantice la recuperación de recursos si la cartera de Estado hubiese tenido que cancelar el crédito como garante, de acuerdo con la Contraloría.

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Chávez presentó un recurso de revisión, pero le fue negado. En 2022 interpuso una impugnación, pero también fue rechazado. En marzo de 2024 planteó un recurso de casación. (I)