El inicio del año lectivo del régimen Costa-Galápagos, que marca el retorno de 3,2 millones de estudiantes a las aulas, también implica el despliegue de 6.137 servidores policiales que participan de un plan operativo para mitigar eventos violentos en cercanías de planteles ubicadas en zonas conflictivas de la Zona 8.
Por ahora, dentro del Plan Retorno Seguro, en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, se ha determinado a 110 unidades educativas como priorizadas bajo tres niveles de riesgo: alto (A), mediano (B) y bajo (C).
A estos planteles se los categoriza dependiendo de los índices de violencia en los distritos policiales donde se ubican, y pueden variar por la dinámica de violencia que se da de un año a otro.
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Entre el 1 de enero al 31 de marzo de este año, la Zona 8 tuvo 946 homicidios intencionales, que muestran un crecimiento en comparación con el 2023 y 2024 en que hubo 605 y 509 casos, en ese orden.
Érick Carrera, jefe encargado de la Zona 8 de Policía, dijo que los planteles priorizados este año se ubican en distritos como Nueva Prosperina, Durán, Pascuales, Florida, entre otras.
En el caso de Durán, por ejemplo, se ha georreferenciado al sector El Arbolito, y en la Nueva Prosperina a la Entrada de la 8 o av. Casuarina.
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De acuerdo con la categorización, en las unidades educativas calificadas como de mayor riesgo se designarán dos motocicletas, un patrullero y personal a pie; a las de mediano riesgo se dotará de un patrullero y personal a pie; y a las de bajo riesgo solo habrá uniformados a pie.
La Policía divide su contingente en tres ejes: preventivo, investigativo e inteligencia.
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Habrá 5.611 uniformados del área preventiva, es decir, los que van en patrullas, motos y a pie. También tendrán 461 servidores del eje investigativo, que corresponde a Policía Judicial para judicializar delitos, como robos, que se puedan observar en colegios.
Mientras, en el eje de inteligencia se dispondrán de 65 servidores que se encargarán de recorrer las cercanías de los planteles.
Estos últimos, por ejemplo, podrán estar alertas a prevenir evitar eventos adversos, como un objeto explosivo o detener a personas que trafican droga.
“Garantizamos que el ingreso a clases sea lo más tranquilo posible no solo para los alumnos, sino para sus padres de familia también”, citó Carrera.
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En cada uno de estos planteles, la Policía designa las motos y patrulleros al ingreso y salida de estudiantes en las inmediaciones para evitar los estudiantes y miembros de la comunidad educativa que sean objetos de secuestros, maltratos o incluso de bullying.
De ser el caso, Carrera dijo que se solicita autorización a la Dirección Distrital para poder ingresar a los planteles y así compartir actividades o charlas de temas de relevancia en seguridad, como de narcóticos y violencia intrafamiliar.
En ciertas zonas de la urbe, estudiantes y profesores han convivido en los recientes años con problemáticas de delitos.
Alegría Crespo, ministra de Educación, expuso que desde el ministerio a más de 156.000 profesores se ha capacitado en el uso de herramientas como el ‘Baúl de Prevención’ y ‘Baúl Protección’, que fomentan entornos escolares seguros y prevenir riesgos psicosociales, como violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, acoso escolar y otros.
Además, instó a la corresponsabilidad de los padres de familia en el tema de seguridad, por lo que llamó a estar pendientes de las compañías que frecuentan los menores y en qué zonas se ubican. “A tratar de precautelar la seguridad sobre todo”, dijo la ministra.
Con el ECU911, además, se mantiene el aplicativo Responde-Edu, que permite a 8.000 miembros de comunidades educativas alertar sobre emergencias o incidentes en los planteles educativos, indicó.
En torno al trabajo in situ, según Crespo, se tiene mucha atención de cercos, cámaras de seguridad, guardianía y botón de pánico. Además se implementan simulacros permanentes para garantizar seguridad dentro de los planteles.
En varias zonas conflictivas, como Nueva Prosperina y Durán, el año lectivo anterior se dieron varios escenarios delictivos que afectaron a las comunidades, incluso con robos de implementos de clase.
El ECU911 tendrá el monitoreo de 2.500 cámaras en la Costa y Galápagos y 400 de estos equipos en áreas de influencia de planteles.
El principal de la coordinación Zonal 5 y 8 del ente, Juan Carlos Paladines, detalló que al menos 8.000 maestros han sido capacitados para el uso del botón de pánico y puedan alertar de incidencias.
Crespo reconoció que la seguridad es trascendental para el desarrollo de proyectos educativos, por lo que se incentiva fortalecer el ‘Programa de Comunidades Educativas Seguras y Protectoras’, junto al Ministerio del Interior y Policía.
En este plan hay 356 instituciones priorizadas, donde se dio una baja 30 % de índices de seguridad en el país. (I)
