Eran casi las 10:00 del miércoles 21 de enero cuando Domingo Hernández, de 64 años, y su esposa, Anita Hurtado, de 65, atendían su pequeño negocio de comidas en el sector de La Concordia, cooperativa Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil.
Como cada día, se preparaban para recibir a sus clientes y servir platos como encocado o seco de chancho, sin imaginar que esa rutina sería abruptamente interrumpida.
Pacientes alertan de mal olor y largas esperas por citas en el hospital Guayaquil
Según relataron, un grupo de al menos diez personas, que se identificaron como trabajadores del Municipio de Guayaquil, llegó hasta el inmueble y les informó que debían desalojar la vivienda porque sería demolida.
Publicidad
La pareja aseguró que no había recibido ninguna notificación previa que les permitiera retirar sus pertenencias.
Un día después, la mañana de este jueves 22 de enero, el lugar evidenciaba las secuelas del operativo.
Entre montículos de escombros, polvo y restos de cemento, apenas se distinguía un cartel con el menú del día.
Publicidad
Las puertas estaban destruidas, los cables yacían en el suelo y el espacio donde funcionaba el negocio quedó reducido a ruinas, reflejando, según la familia, una demolición ejecutada sin previo aviso.
Domingo y Anita contaron que el procedimiento los tomó completamente por sorpresa.
Publicidad
En el inmueble se encontraban también sus nietas, de 12 y 3 años, quienes tuvieron que salir apresuradamente antes de que se iniciaran los trabajos de demolición.
La familia describió el hecho como un abuso y una acción arbitraria.
Durante el desalojo, indicaron, varios de sus bienes resultaron dañados.
Una nevera y un televisor quedaron inutilizados luego que el personal municipal sacara los objetos a la fuerza, contaron.
Publicidad
“Nos sacaron de nuestra casa sin previo aviso y ellos decían que tenían una orden, pero esa orden nunca llegó a nuestras manos”, señaló Domingo Hernández.
Con la voz quebrada, el adulto mayor expresó el impacto que el hecho ha tenido en su familia.
“Es un sufrimiento que no le puedo explicar. En esa casa invertimos dinero, le habíamos cambiado la cerámica hace poco y ahí se nos fueron 1.200 dólares. Ese negocio era nuestro sustento diario”, relató.
Yissela Yandum, hija de la pareja, también se mostró afectada por lo ocurrido.
Explicó que en septiembre de 2025 recibieron una orden de desalojo; sin embargo, aseguró que desde hace años se encontraba realizando trámites para legalizar la compra del terreno.
Señaló que el negocio de su familia se ubicó en el lugar luego de limpiar el espacio, que anteriormente funcionaba como botadero de basura.
Según Yandum, su padre se encargó de recuperar el terreno y, hace aproximadamente 18 años, ella inició el proceso para legalizar la adquisición.
No obstante, afirmó que durante ese tiempo enfrentó constantes trabas administrativas.
“De ahí para acá he venido haciendo la gestión y el Municipio siempre me decía ingrese este papel, o venga mañana, o venga en tres o cuatro meses”, explicó.
Indicó que recién en 2025 le informaron que no podía concretar la compra porque el área estaba destinada para zona verde.
“Si era un área verde tenían que haberme dicho desde el inicio y no cuando ya he destinado tanto tiempo a este proceso”, reclamó.
La mujer insistió en que nunca actuaron de manera ilegal. “A mí no fue que me dio la gana de invadir esto y decir esto es mío. Yo estaba haciendo todo por lo legal”, aclaró.
Añadió que durante la demolición también se afectó el sistema de desagüe del inmueble.
Relató además que el personal municipal intentó continuar con la demolición de otra vivienda cercana, pero que ella y vecinos del sector se interpusieron para impedirlo.
“Yo me paré en frente y todo el vecindario se paró también. Por eso fue que pararon, porque no les importó que en la casa había niños”, sostuvo.
Yandum aseguró que cuenta con documentos que respaldan los trámites y visitas realizadas al Municipio de Guayaquil.
El pedido de la familia es que se llegue a un acuerdo que permita legalizar la compra del espacio y reactivar el negocio que representaba el sustento de los adultos mayores.
Este jueves 22 de enero, los familiares acudieron a los exteriores del Municipio de Guayaquil con la intención de dialogar con el alcalde Aquiles Alvarez y exponer su situación, pero no obtuvieron una respuesta.
Este Diario solicitó al Municipio de Guayaquil mayor información sobre el caso de esta familia, sin embargo, no se obtuvo una respuesta. (I)
