Criterios divididos en torno a que el Estado use la fuerza pública para garantizar clases presenciales en Guayaquil

Que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional solicite la intervención de la fuerza pública, a través del Ministerio de Gobierno, para garantizar las clases presenciales en Guayaquil y evitar acciones del COE local que se contrapongan a esta disposición, es una medida inconstitucional sostienen especialistas en derecho.“No es constitucional, porque esa no es su competencia (del COE nacional). La competencia radica en el Ministerio de Educación, que es el único ente rector. Incluso eso afectaría la integridad, generaría un impacto negativo en los estudiantes que ven presencia de policías, una cuestión de locos, cuando la policía tiene su competencia que es seguridad”, comentó Kléber Sigüencia Suárez, constitucionalista.El miércoles pasado, el COE nacional ratificó el cronograma presentado por el Ministerio de Educación para el retorno progresivo y voluntario a clases presenciales en Guayaquil durante esta semana.Pero desde el Municipio porteño hay oposición al regreso a las aulas por la incidencia alta de contagios de COVID-19 que hay en la ciudad y más bien hay un pedido para acogerse a la educación virtual.Gremios como el Colegio de Médicos del Guayas respaldan que no haya clases presenciales, ya que actualmente en Guayaquil, según reporte del COE local, hay 10 niños en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y otros 40 están hospitalizados.El Ministerio de Educación, en cambio, sostiene que la virtualidad no es lo más óptimo para el aprendizaje de niños y adolescentes y que aquello lo avalan instancias como la Unicef.En medio de esta discrepancia entre la cartera de Educación y el cabildo, este último clausuró hasta ayer nueve planteles en los que se reanudaron las clases presenciales.El constitucionalista Sigüencia mencionó que para zanjar la situación, tanto el Gobierno nacional como el Municipio porteño deben buscar un punto de equilibrio, pues consideró desproporcional tanto que se pida la intervención de la fuerza pública como que se clausuren establecimientos educativos.“Deberían, por ahí, articularse medidas que sean proporcionales para alcanzar un fin constitucional que es garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho al trabajo también de las personas que forman parte del sistema educativo, pero, asimismo, también garantizar el derecho a la salud de las personas”, comentó el jurista.Juan Zapata, presidente del COE nacional, justificó la decisión de dicha instancia basándose en el artículo 61 de la Constitución, que estipula que las competencias de educación en el territorio ecuatoriano son exclusivas del Estado central.Por tanto, el pedido de que intervenga la fuerza pública sería “para garantizar que no se atente al ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, garantizando la seguridad de los estudiantes en los planteles educativos, evitar acciones de los gobiernos locales que atenten contra el derecho a la educación y a preservar el interés superior de la niñez y la adolescencia”.La falta de un acuerdo con el cabildo llevó a la cartera de Educación a recurrir a la instancia judicial. Y esta semana se presentaron tres recursos: una acción constitucional de medidas cautelares, una acción de protección para que se revea la acción sobre la prohibición de clases presenciales y clausura de planteles educativos y también acciones administrativas para impugnar la sanción municipal en planteles fiscales, explicó María Brown, ministra de Educación.Santiago Velázquez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), también se mostró partidario de buscar una salida que más allá del desacuerdo, con tinte político, beneficie a la comunidad educativa en su conjunto.“Dada la naturaleza de este tipo de acciones (recursos presentados por el ministerio), que son ágiles, rápidas, sencillas, no debiera tomar más allá de esta misma semana en tener una decisión. Lo prudente sería ya esperar a que haya esta resolución judicial y proceder conforme a lo que el juez determine”, comentó el académico.Y sostuvo que la situación actual en torno a las clases presenciales en el Puerto Principal revela que tras dos años de pandemia por el COVID-19 en el país no hay aún un marco jurídico para el funcionamiento de instancias como el COE nacional, por ejemplo.Sobre la pretensión de recurrir a la fuerza pública, Velázquez sostuvo que podría ser pertinente si el Ministerio de Educación la procura con miras a que no se conculquen derechos.“Pero, reitero, si la misma Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Educación, puso el tema en manos de un juez ya habría que esperar a que el juez decida”, comentó.La alcaldesa Cynthia Viteri, por su parte, ha insistido esta semana en que el cabildo no está atentando al derecho a la educación, pues las clases no se han suspendido y se mantienen bajo la modalidad virtual, como en los momentos más complejos de la pandemia.Ella incluso ha mencionado que la infraestructura de los planteles fiscales no prestan las condiciones sanitarias que se requieren en este momento, que hay falta de servicios básicos y de baterías en algunos casos, lo que ha sido corroborado por la Unión Nacional de Educadores (UNE), núcleo del Guayas. (I)

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