Derogatoria de la tabla de drogas: Constitución asegura la atención de personas con adicciones porque tienen un problema de salud

Ante la eliminación de la tabla de drogas, mediante decreto del presidente de la República, Daniel Noboa, ¿cómo queda la situación de los niños, jóvenes y adultos que tienen drogodependencia?Esta es la inquietud planteada por este Diario a algunos expertos en rehabilitación.El psiquiatra Andrés Rodríguez, quien durante años estuvo a cargo del Centro Especializado y de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas (Cetad) Virgen de Fátima, ubicado en el barrio Centenario, cree que la situación para los pacientes no va a cambiar mucho tras la decisión presidencial.El profesional menciona que, aunque se derogue la tabla, el artículo 8 de la Constitución sigue vigente y tiene más peso. En ese artículo se asegura el derecho a la salud que tienen todos los ecuatorianos.Él añade que el artículo 336 de la carta magna señala que las adicciones son un problema de salud pública y que al Estado le corresponde su tratamiento.El problema, según Rodríguez, es que no hay estadísticas ni trabajo de campo en los sectores populares para conocer la realidad actual del consumo.El psiquiatra asegura que años atrás en el Cetad Virgen de Fátima recibieron a 45 menores rescatados por las autoridades del sector conocido como la Bahía de la Droga. Había en ese grupo dos hermanos que él no olvida: Anthony, que tenía solo 8 años, y su hermano Kevin, de 14.Tiempo después llegaron también a este centro tres menores más que eran hermanos. El mayor tenía 16 años.Estos, según el profesional, son ejemplos claros de que se tiene que trabajar en el núcleo familiar, pues hay niños que crecen viendo a sus padres consumir y lo han normalizado.Para Andrés Rodríguez, la derogatoria de la tabla solo tendrá consecuencias legales para los microtraficantes, pero para los menores de edad que son víctimas de las bandas es necesario establecer políticas para el ingreso a los centros de rehabilitación, pues sostiene que solo el 4 % de los consumidores pide ayuda y entra a rehabilitación.Con él está de acuerdo Urano Hurtado, el director administrativo del Centro Terapéutico Juan Pablo II, ubicado junto al aeropuerto de Guayaquil. Ese centro pertenece a la Arquidiócesis y actualmente da atención a 40 adolescentes.Hurtado cree que la eliminación de la tabla va a llevar a la cárcel a los microtraficantes que —asegura— están destruyendo a la juventud y a los niños de Guayaquil, pues comenta que hasta el centro han llegado padres que solicitan el ingreso de sus hijos que no superan los 10 años, pero no los han podido recibir porque dicho centro solo admite menores de 12 a 17 años.Por eso, espera que la eliminación traiga también cambios en las políticas públicas y se abran centros especializados para niños que han caído en consumo problemático.El funcionario cree que solo legalmente se harían algunos ajustes tras el anuncio del presidente. También espera que los jueces y fiscales sepan diferenciar entre un consumidor y un microtraficante.“Y si es microtraficante y consumidor, que pague su condena y que el Estado se encargue en la cárcel de establecer un programa de recuperación. Tiene que haber programas en la cárcel, porque al menos el 90 % de los presos son adictos”, comenta Urano Hurtado.El fiscal César Peña, por su parte, asegura que la eliminación de la tabla de droga tampoco va a revolucionar las dependencias de la Fiscalía ante la llegada de personas con sustancias sujetas a fiscalización, porque una sentencia de la Corte Constitucional ya hace dos años determinó que queda a criterio del juez y del fiscal la facultad para determinar si una persona que es detenida con droga es consumidora o no.Peña indica que para esto hay médicos legistas de turno en la Fiscalía, que estos hacen exámenes toxicológicos y psicosomáticos y que esos resultados les permiten sacar un criterio jurídico a los funcionarios.“Si lo cogen con 50 sobres, es venta; pero si lo cogen con 10 sobres, hay que analizar la parte dogmática de la ley para sancionar. El examen permite analizar la concentración de la droga en la sangre y cuánto más o menos consume la persona por día”, detalla el funcionario, que sostiene que desde antes de la tabla ya había sentencias por micro- o narcotráfico.Pero esta discrecionalidad hace temer que los jueces y fiscales tomen decisiones poco apegadas a la realidad, como cuando en abril del 2021 un hombre detenido con 139 kilos de droga fue sobreseído porque la Fiscalía lo consideró un consumidor crónico.El hombre estaba cargando la droga de un carro al interior de una casa del norte de Guayaquil cuando la Policía ejecutó un operativo y lo capturó.Según el fiscal del caso, un examen psiquiátrico determinó que sus capacidades mentales estaban afectadas por tanta droga y el hombre solo había sido contratado como estibador. Como no era el responsable (dueño) de la casa, fue liberado. (I)

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