Más de 35 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional se han juntado para hacer resistencia a la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dispone implementar protocolos de inclusión en las unidades educativas del país en temas de transición de género.
El fallo de la Corte Constitucional de Ecuador que obliga a su cartera a desarrollar protocolos de acompañamiento en las escuelas a menores trans para prevenir la discriminación surgió tras una denuncia presentada por la familia de una menor española en un plantel del balneario de Salinas.
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Los colectivos convocaron a las familias guayaquileñas y de otras provincias a una marcha pacífica que se desarrollará este sábado, 22 de febrero. El recorrido empezará a las 10:00 desde el parque Centenario hasta la plaza San Francisco.
Previamente, los colectivos, apoyados por especialistas, dieron su postura sobre este tema y los motivos por los que convocan a esta marcha.
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La doctora Julieta Sagnay, psiquiatra, especialista en salud mental, mostró rechazo a que la disposición de la CC exija que se implementen estos protocolos de inclusión en niños sin la intervención de neurólogos, psicólogos, pediatras, entre otros especialistas.
“Ellos quieren incluir estos reglamentos basándose netamente en la autopercepción de un niño, cuya edad aún no le permite tener su criterio formado completamente, incluso podrían estar siendo manipulados por sus padres”, expresó.
Especificó que estos casos de “niñez trans” aumentaron después de la pandemia. Además, que el 98 % de los menores de edad que toman esta decisión han remitido cuando llegan a los 18 o 19 años. “En ese momento es cuando se presentan secuelas psicológicas como depresión o trastornos de personalidad”, agregó.
Cristian Castelblanco, otro de los que se oponen a la decisión de la CC, mostró reparos a las pretensiones de tener un protocolo. “Ya lo hicieron una vez, cuando en sentencia la CC resolvió que las personas a partir de los 14 años tenían la capacidad de consentir en una relación sexual entre adolescentes, lo cual significó dejar a un lado la protección que deben tener las niñas”, indicó el abogado, quien considera que estas disposiciones son un ataque inconstitucional en contra de la vida y la familia.
Para Silvia Acosta, médico pediatra, realizar tratamientos hormonales y quirúrgicos a temprana edad podría provocar secuelas a largo plazo en la salud, como infertilidad o cáncer.
Los colectivos que abogan por la familia tradicional señalan que cualquier protocolo en temas de transición de género podría tener su incidencia en la sociedad. Martha Colombo, una madre de familia, abuela y representante de la sociedad civil, sostuvo que como sociedad hay que velar por el bienestar y protección de los niños.
Días atrás, la ministra de Educación de Ecuador, Alegría Crespo, señaló que no implementará ninguna acción basada en ideologías de género.
“Desde el Gobierno, y a través del Ministerio de Educación, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro sistema educativo, y rechazamos la imposición de agendas ideológicas, vengan de donde vengan”, dijo Crespo.
La funcionaria dijo que esa cartera ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de sus protocolos de protección vigentes para prevenir y abordar cualquier tipo de vulneración de derechos en las aulas con acciones firmes como el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo. (I)