Lo han intentado todo: han hecho públicas sus historias de la trágica enfermedad que padecen; han acudido a fundaciones para unir fuerzas; han enviado cartas a autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud (MSP), y al presidente Lenín Moreno apelando su gestión, pero no logran acceder a eso que la Constitución les respalda, sus medicamentos que les garanticen una vida estable en medio de esta pandemia por COVID-19.