El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido actualmente por el magnate Elon Musk, tiene acceso total a todas aquellas personas que cuenten con número de Seguro Social en Estados Unidos, algo que ha sido duramente criticado.
Por una parte, los demócratas reprueban que dicho ente obtenga información sensible de todos los ciudadanos, a lo que los republicanos responden que es la única manera de evitar el fraude y la burocracia en el gobierno federal, explica Rolling Stone.
Una orden criticada
El 31 de enero, Mike Russo ingresó a la sede de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y se presentó como un representante del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, según afirman documentos judiciales, para exigir completo acceso a los datos de todas las personas en Estados Unidos que tengan número de seguro social.
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El jueves 20 de marzo, un juez ordenó tanto a Musk como a su departamento que dejaran de acceder a los datos así como a eliminar cualquier registro no anónimo del Seguro Social que hayan recopilado, debido a que no se explicó por qué se necesitaba la información.
Se permitirá a la SSA dar a los miembros del DOGE “acceso a datos y registros redactados o anonimizados” en caso de recibir capacitación para los empleados que trabajen con sistemas de datos del Seguro Social y se aseguren que se cumplen con las leyes, regulaciones y políticas federales que rigen la privacidad de la información de identificación personal, informaron en ese medio.
¿Por qué es peligroso que el equipo de Elon Musk tenga acceso a los datos del Seguro Social?
La información de los registros de la SSA contiene el número del Seguro Social, las direcciones de domicilios particulares, así como de centros de trabajo; historiales médicos, de salud mental y laborales; información fiscal y bancaria; historial de ingresos, permisos de conducir, registros de nacimiento, matrimonio, migración o naturalización, montos de las prestaciones y registros familiares, entre otros, explica El Comercio.
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Tiffany Flick, quien trabaja desde hace tres décadas en la SSA, considera que los empleados del DOGE no están capacitados suficientemente para evitar que esta información confidencial se transfiera inadvertidamente a actores maliciosos, razón por la que no confía en ellos.
Otro peligro que identifica es que los gobiernos de otros países pueden usar estos registros obtenidos para localizar desertores políticos en Estados Unidos e incluso, peor, que organizaciones terroristas ubiquen a extranjeros que ayudaron a las fuerzas armadas y a unidades de inteligencia a luchar en combates del oriente medio.
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De acuerdo a los trabajadores de la SSA, los funcionarios del DOGE podrían usar los datos para amenazar, castigar o chantajear a funcionarios, periodistas y todos los que sean considerados enemigos políticos, dentro y fuera de Estados Unidos.
(I)
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