La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) informó sobre una demanda en contra del estado de Florida, en Estados Unidos, por la aprobación del proyecto de ley SB 4-C que criminaliza a los inmigrantes.
Esta organización que lucha por defender los derechos de todas las personas en Estados Unidos y se describe en su sitio web como “Guardián de la Libertad” dio a conocer que la querella se presentó el 3 de abril en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida.
La demanda tiene la finalidad de impugnar “la autoridad del estado para aprobar la ley SB 4-C”, reseña el sitio web López-Dóriga.
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¿Qué es la ley SB 4-C en Estados Unidos?
El Proyecto de Ley 4-C del Senado de Florida (SB 4-C) es “una ley antiinmigrante extrema que creó nuevos delitos estatales dirigidos a los inmigrantes que ingresan y viven en Florida”, explica ACLU Florida en una nota de prensa.
“La SB 4-C creó amplios delitos estatales que tipificaban como delito grave la entrada a Florida de ciertos inmigrantes y establecía penas de prisión sin fianza”, añade el organismo.
En un intento por frenar dicho proyecto la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) introdujeron la querella.
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Un tribunal federal otorgó la orden de restricción temporal para bloquear la aplicación de la misma, lo que representa un revés para el gobernador de Florida Ron DeSantis.
El gobernador de Florida promulgó la ley SB 4-C el pasado 13 de febrero y con ella se buscaba penalizar a inmigrantes mayores de 18 años por “ingreso ilegal” o “reingreso ilegal” al estado de Florida. Con esta decisión pretendía cerrar filas con la agenda de deportaciones masivas que ejecuta el presidente Donald Trump.
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“El tribunal determinó que la ley probablemente viola la Cláusula de Supremacía y la Cláusula de Comercio de la Constitución de los Estados Unidos, al invadir una facultad exclusivamente federal para controlar la inmigración y el comercio interestatal”, señala ACLU.
Amy Godshall, abogada asociada y defensora de los derechos de los inmigrantes de la ACLU de Florida indicó que ”la Constitución establece claramente que la aplicación de la ley migratoria es responsabilidad del gobierno federal, no de los políticos estatales”.
(I)
