Malestar en los militares pasivos por los Samanes

El pasado 23 de abril, miembros de los batallones, grupos de honor,  asociaciones y la confederación de militares en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas resolvieron declarar inconstitucional el acuerdo  048 firmado por la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, que declaró el  30 de marzo área nacional de recreación los terrenos de Samanes (norte de la ciudad), de propiedad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

En un comunicado hecho público el  martes 4 de mayo, los jubilados y oficiales en servicio pasivo expusieron su preocupación sobre el futuro de sus pensiones y fondos de cesantía, pues consideran que el terreno de Samanes (152 hectáreas pertenecen al Issfa, y están declaradas como área protegida) es la fuente de esos recursos para la jubilación de los miembros de las FF.AA.

En el comunicado, los militares justifican  la inconstitucionalidad basados en el artículo 372 de la Constitución que determina que los fondos y reservas del seguro universal sirven para cumplir de  forma adecuada para los fines  que fueron creados y que ninguna institución del Estado puede intervenir  o disponer  de esos fondos, ni menoscabar su patrimonio.

El coronel en servicio pasivo  Galo Monteverde, vocero de los grupos y batallones, señaló que  “siendo patrimonio nuestro, esos terrenos constituyen la reserva del seguro de pensiones en un 43%, mientras que el de cesantía corresponde al 57%”.

“En estos terrenos se hizo una planificación habitacional, urbanística, como ciudad satélite Tejar Merino Los Samanes, en la que se tienen invertidos 398.000 dólares en estudios”, destacó. Monteverde añadió que de este proyecto iba a haber  capital fresco para el Issfa, así como una alternativa de solución al déficit habitacional de los militares.

Mientras, el subsecretario del Ambiente, Manfred Altamirano, señaló que sí hubo consultas al Ministerio de Defensa cuando surgió el interés del presidente Rafael Correa de hacer una zona de recreación en ese sector de Samanes.

“El Ministerio de Defensa debía ser el encargado de informarle a los directivos del Issfa lo que se iba a hacer; así que es falso lo que dicen (militares en servicio pasivo) que se ha tomado una resolución unilateral al respecto”, manifestó.

“Hubo consultas porque incluso ellos (los de Defensa) sugirieron que no se declarara toda el área como protegida porque tenían planificado construir un complejo habitacional; se habló de que iba a subir la plusvalía”, destacó.

El funcionario  resaltó   esta declaración como relevante en el ámbito ambiental. “Es de interés público porque compensa el déficit de áreas verdes que tiene Guayaquil”, dijo. E insistió en que el área será “beneficiosa para la colectividad”.

Altamirano señaló que antes de iniciar alguna obra, primero se está haciendo un estudio –por parte del Ministerio de Vivienda, a través de la División Nacional de Avalúos– sobre cuánto se tiene que pagar al Issfa por esos terrenos.

“Existe la figura de expropiación, pero no queremos llegar a ello, sino a una negociación”, dijo Altamirano.