En octubre comenzó el periodo de transición del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (de las emisiones de gases de efecto invernadero) de la Unión Europea (UE).

El mecanismo, conocido como CBAM por su sigla en inglés, se aplicará inicialmente a un grupo de sectores: acero y hierro, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Estos sectores fueron seleccionados teniendo en cuenta su alto nivel de intensidad de carbono y el volumen de importaciones a la UE. El ámbito de aplicación puede ampliarse con el tiempo hacia otros sectores cubiertos por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS por su sigla en inglés) de la UE, y que se consideran en riesgo de fuga de carbono.

A partir del 1 de enero de 2026 se comenzará a pagar dicho ajuste financiero a las importaciones de estos productos desde países fuera de la UE. El ajuste se introducirá gradualmente a medida que se eliminen progresivamente los derechos de emisión gratuitos en el ETS para estos productos, durante un periodo de ocho años. Si bien inicialmente no se considerarán las emisiones indirectas (tales por la generación de electricidad utilizada en la producción), una vez que se introduzcan, provocarán efectos más significativos (especialmente para fertilizantes, cemento y aluminio).

El impacto en el Ecuador y otros países de América Latina será relativamente limitado (al menos mientras no se expanda el ámbito de aplicación hacia otros productos), dado que no exportan cantidades significativas de dichos productos a la UE. Los países más afectados en la región serán Brasil (el principal producto es hierro y acero; 0,8 % de exportaciones totales), República Dominicana (hierro y acero; 1,4 % de exportaciones) y Trinidad y Tobago (fertilizantes; 6,3 % de exportaciones).

Entre los países en desarrollo, el país más afectado será Mozambique. Además de afectar 22 % de las exportaciones y 7 % del PIB, también afectaría al 2 % de los asalariados y 6 % de la masa salarial (más por la exportación de aluminio).

Algunos países, en particular el grupo BRICS, han indicado que apoyarán los esfuerzos de China y otros para tratar de involucrar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el tema. El grupo BASIC (BRICS sin Rusia) dentro de la CMNUCC ha criticado la medida como “proteccionismo comercial verde” y por ser inconsistente con el principio de la CMNUCC de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas”.

La respuesta de la UE es que el CBAM no interfiere en el comercio internacional y cumple las normas de la OMC. Afirma que se trata de una herramienta de política medioambiental orientada al clima y se aplicará de manera no discriminatoria e imparcial (argumentan que, por el contrario, elimina una discriminación en contra de sus propios productores).

Algunos países en desarrollo están promoviendo impuestos al carbono o un sistema de comercio de emisiones. Esto permitiría a estos países retener parte de los ingresos generados, en lugar de pagar la tasa de ajuste del CBAM a la UE (solo se pagará un diferencial entre el precio del carbono en la UE y en el país exportador). A la fecha, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y México han adoptado impuestos al carbono, aunque en general a tasas inferiores a las de Europa. En Ecuador tenemos el opuesto a un impuesto al carbono, dado que tenemos subsidios a los combustibles fósiles, y deberían ser eliminados.

Se hicieron algunos esfuerzos para vincular los ingresos del CBAM a proveer fondos a los países en desarrollo afectados, pero al final no se asignaron los recursos. Sin embargo, la UE se ha comprometido a aumentar el financiamiento climático, así como a facilitar la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades para promover la adopción de tecnologías y energía verdes. (O)