Luego del impase diplomático con México, por el caso Glas, y luego de una serie de amenazas y declaraciones del Gobierno mexicano, de otros gobiernos y de algunos actores políticos de la región, vinculados ideológica y/o políticamente con el correísmo, el tema ha aterrizado en el campo jurídico, que es en el que, finalmente, se decidirá la controversia y en el que se determinarán responsabilidades y sanciones, si las hubiere.

México tiene una larga tradición de prestigio diplomático y un servicio exterior de gran nivel. El Ecuador siempre ha hecho lo que ha podido, dadas sus limitaciones económicas, y en las últimas décadas, la politización y manoseo del servicio exterior han deteriorado aún más sus estándares, siempre con honrosas excepciones que confirman la regla.

El principio de no intervención

De modo que esperábamos una estrategia jurídica mexicana del más alto nivel, desplegada para poner a funcionar todos los mecanismos jurídicos internacionales necesarios para sancionar al Ecuador por la inconducta de allanar su embajada en Quito.

Sin embargo, hemos presenciado una apresurada demanda que ha sido presentada ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y un muy forzado pedido de medidas cautelares, situaciones que revelan que se ha impuesto la política en dichas decisiones, manifestada a través de la irreflexiva solidaridad ideológica del socialismo del siglo XXI.

La fractura

A diferencia de México, se nota que nuestras autoridades, al momento de enfrentar el caso (que por más cuestionado que sea es ya una realidad), actúan de manera responsable y permitiendo que las decisiones se tomen con criterio técnico-jurídico, que es lo que corresponde en estas instancias.

Ello se desprende de la muy oportuna demanda contra México presentada ante la CIJ y que resulta indispensable para formalizar el principal argumento de Ecuador para justificar la operación en la embajada de México, así como la designación de un equipo jurídico de defensa en La Haya bien estructurado y del más alto nivel.

Tuvimos la oportunidad de ver y escuchar la exposición de nuestra defensa en la audiencia convocada por la Corte, con motivo del pedido de medidas cautelares realizado por México, y la sensación que tengo es que estamos muy bien representados.

Una muestra de ello es el embajador Andrés Terán Parral, quien lidera el equipo como agente del Ecuador y es un funcionario de carrera de altísimo nivel y experiencia, de los pocos que lamentablemente quedan en el servicio exterior. Su exposición fue muy lúcida y bien complementada por los otros profesionales contratados para el caso, lo que nos hace pensar que, más allá del resultado del caso de fondo, que como lo he manifestado con anterioridad, es muy cuesta arriba, considerando los estándares internacionales históricos, nuestros argumentos estarán muy bien expuestos y nuestros intereses defendidos con talento, profesionalismo y experiencia en lo diplomático y jurídico.

Que sirva este caso para recordar la importancia de un servicio exterior profesional, capacitado y estable, que reciba el respaldo de todos los gobiernos. Ojalá que en adelante, tras dotarlo de los recursos y respaldo legal y político necesarios, se convierta en una política de Estado. (O)