Desde hace algún tiempo nos venimos acostumbrando a hacer normal lo anormal.

Cuando ocurre por primera vez nos horrorizamos. El escándalo acapara las portadas de los medios, las entrevistas en vivo de los medios televisivos y digitales, los “troll centers” descargan toda su artillería y los chats de WhatsApp están al borde de explotar con videos repetidos, memes, fotos sacadas de contexto y todos esos ingredientes miserables para atacar al culpable de turno.

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A los pocos días, un nuevo escándalo toma protagonismo; y la secuencia es la misma: portadas, entrevistas en vivo, memes, “troll centers”, etc.

Y así venimos, desde hace ya algunos años, “cuesta abajo en la rodada” parafraseando a Carlos Gardel.

La Fiscalía General ha tenido un rol protagónico en los más importantes escándalos a los que me he referido, como representante de la vindicta pública en todos ellos. Los allanamientos han sido difundidos, en algunos casos, en vivo, con exhibición de artículos pintorescos, y luego (más reciente y novedoso), difundiendo los chats de algunos teléfonos incautados a quienes, únicamente la ley, presume inocentes.

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Debo confesar que, como abogado, no alcanzo a dilucidar qué tanto bien le hace a la justicia todo este despliegue de publicidad de las actuaciones de la Fiscalía que, en la mayoría de los casos, decurren dentro de la etapa investigativa (reservada).

Que esta exposición puede generar presión social, política y mediática para que los jueces actúen en derecho y no caigan en la tentación de favorecer a los encausados, lo entiendo. Pero no podemos ocultar que también se presta para el morbo, distorsión y estigmatización de gente que, técnicamente, está en proceso de juzgamiento.

Ese será un importante indicador de que comenzamos a salir del estado de postración en que estamos.

La prueba de ello es que ahora han aparecido unos chats difundidos por un encausado, en los que supuestamente se evidencian diálogos entre este y la máxima autoridad de la Fiscalía General, respecto de temas sensibles.

Es decir, en esta ocasión ya no son chats de teléfonos incautados por la Fiscalía, sino de un encausado con la señora fiscal general.

Y entonces, ¿qué hacemos ahora?

¿Confiamos en la veracidad de los chats revelados por la Fiscalía, pero no en los revelados por un encausado?

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El sentido común me lleva por ese camino, pero ¿no habría sido mejor no divulgar ningún chat de modo que cuando aparezcan estos chats que buscan indisponer a la fiscal general, no tengamos que escoger confiar en la veracidad de unos y no de otros?

¿Qué opina usted, amable lector?

Ojalá en todos estos casos la justicia, al final, actúe de manera implacable y diáfana, y dictamine en derecho lo que corresponda, de acuerdo con lo que conste en el proceso, pues un Estado en el que la administración de justicia es deficiente y no genera certeza a sus ciudadanos, es un Estado que no justifica su razón de existencia.

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Desde esta columna hacemos votos para que la administración de justicia en el Ecuador mejore sustancialmente, en la forma (sobrio, formal y asertivo) y en el fondo.

Ese será un importante indicador de que comenzamos a salir del estado de postración en que estamos. (O)