En los últimos días ha tomado fuerza el debate sobre las reformas al Código Integral Penal y, específicamente, en relación a una supuesta jugada del correísmo que estaría encaminada a incorporar como causales, para revisar una sentencia condenatoria ejecutoriada, los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Todos la quieren, pero lo niegan

Más allá de lo que ocurra finalmente con esta reforma, el tema en debate y las posiciones encontradas de quienes están a favor y en contra me permiten compartir con usted, amable lector, las siguientes reflexiones:

1.- El debido proceso es un derecho humano que no distingue edad, raza, condición social, económica o política, ideologías, ni dimensiones éticas o morales. Por tal motivo, los estándares internacionales de derechos humanos, que no son otra cosa que el resultado de la aplicación de manera sostenida en el tiempo de los tratados y convenciones sobre derechos humanos por parte de los organismos competentes para hacerlo, no distinguen entre derecha o izquierda, demócrata o autoritario, honesto o deshonesto, católico o ateo, político, militar o civil, al momento resolver los casos que llegan a su conocimiento. De modo que da igual si el juzgado es un político con mala reputación, un exmandatario autoritario, un empresario exitoso, un sacerdote de alto rango, un influencer o una conocida figura del espectáculo; el debido proceso es un derecho humano que le corresponde a cualquier ser humano. Punto.

2.- El mundo es redondo, no cabe duda. Digo esto porque resulta paradójico que quien en su momento, entronado en el palacio, adulado por el consabido séquito de cortesanos y con el control de todos los poderes del Estado, denostaba del sistema interamericano de derechos humanos, y despachaba uno por uno a los relatores de libertad de expresión de OEA y ONU que venían al país, acusándolos de sesgo a favor de la prensa, hoy vea precisamente en el sistema de derechos humanos su último recurso para intentar dar vuelta a la sentencia que lo tiene fuera del país. Y, por otro lado, ver que quienes durante la década autoritaria que vivimos fueron defendidos por las instituciones protectoras de derechos humanos en la región, hoy satanizan la reforma al COIP antes referida, porque el supuesto beneficiario sería quien en su momento los persiguió.

3.- Si el juicio contra el expresidente Rafael Correa ha violentado el debido proceso, tengan la certeza de que los tribunales internacionales así lo reconocerán, sin importar sus ejecutorias cuando estuvo en el poder, su popularidad, su ideología, su tendencia política y mucho menos si les molesta o no a nuestros Statler y Waldorf digitales. Y así debe ser.

Reformas por perfeccionar

Desde esta columna combatimos frontalmente los atropellos que se cometieron contra la libertad de expresión y denunciamos los excesos y desaciertos de esa década autoritaria. Y fuimos perseguidos y estigmatizados por ello. De modo que nadie puede acusarme de simpatía alguna por el correísmo, y menos quienes recogían las migajas del banquete o estaban escondidos detrás de sus lobistas que frecuentaban el palacio.

Pero las cosas por su nombre, si aspiramos a vivir en democracia. (O)