Análisis: Resultados electorales del referéndum y consulta popular tensarán las relaciones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo

Tras el referéndum y la consulta popular de este domingo, 21 de abril, en los que el gobierno de Daniel Noboa ganó en nueve de las once preguntas, en el país empieza un nuevo escenario político para el Ejecutivo y la Asamblea Nacional: ambos poderes del Estado tendrán que lidiar uno con otro para coincidir en los textos legales que se deben elaborar, debatir y aprobar en dos meses, aunque para la reforma parcial a la Constitución el plazo se extiende a seis.

Se trata de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley de Extinción de Dominio y a las normas para implementar la cooperación complementaria entre Fuerzas Armadas y la Policía.

El Gobierno no cuenta con el mejor escenario en la Asamblea Nacional. Sus aliados legislativos, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC), tomaron distancia a raíz de la incursión de la Policía en la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas y el rompimiento de los bloques como resultado de las operaciones políticas del Ejecutivo.

El correísmo se mantendrá en la línea de bloquear toda iniciativa legislativa que nazca desde el gobierno de Daniel Noboa y sacará a sus mejores peones para aplicar una fiscalización que distraiga el interés público sobre los temas que deben tramitarse en la Asamblea Nacional luego de la consulta popular. Este sector político apostaba que las once preguntas del referéndum y consulta popular no lograran la aprobación de la ciudadanía.

Los socialcristianos ya no hablan de una alianza con el gobierno de Noboa. El presidente nacional del PSC, Alfredo Serrano, ha señalado “que no puede haber alianzas con un aliado que se lleva asambleístas, eso es imposible”, esto en referencia al hecho registrado en el Parlamento cuando en febrero pasado expulsó de la bancada a la legisladora nacional Lucía Jaramillo, por salirse de la disciplina partidista en torno a no aprobar el incremento de impuestos, y hace pocos días Guido Vargas, representante de Sucumbíos, también fue separado del bloque. Ahora los dos actúan en la bancada de gobierno.

A esto se suma la abierta pugna política entre el presidente Noboa con el movimiento Construye, que en el Parlamento posee 20 sillas. En la última semana los dos sectores abrieron fuegos respecto a una supuesta incidencia del régimen en la cancelación del registro de organizaciones políticas a la lista 25, lo cual dificulta las posibilidades de un entendimiento a corto plazo.

Las relaciones políticas de estos dos sectores llevaron a activar las redes sociales y los asambleístas Ana Galarza (Construye) y Jonathan Parra (ADN) se lanzaron mutuas acusaciones que alejan aún más la probabilidad de apoyos legislativos a favor del Gobierno.

El sector del movimiento Pachakutik se mantendrá en la línea de oposición al régimen y dependerá de los textos que remita el Ejecutivo para merecer sus votos; las cinco legisladoras hasta el momento no han respaldado ninguno de los cincos proyectos de ley económicos urgentes remitidos por el presidente Noboa.

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) mantiene al momento 31 curules que incluye a algunos desertores de las otras bancadas e independientes. Este es el único sector que ha incrementado continuamente el número de asambleístas en más de un 50 %.

En medio de este escenario político el gobierno de Noboa tendrá que remitir sus proyectos de ley para viabilizar los resultados de la consulta popular; con ello, no solo la agenda legislativa de la Asamblea Nacional se modificará, sino también la agenda de los partidos y movimientos políticos con aspiraciones de definir cuadros representativos para los comicios de 2025.

Las posibilidades de que se estructuren mayorías móviles alrededor de los proyectos de ley, que nacerán de las preguntas de la consulta popular, es cada vez más posible.

Una de las preocupaciones que existe dentro de las organizaciones políticas que actúan en el Parlamento es encontrar la respuesta adecuada respecto a lo que sucedería si la Asamblea Nacional no aprueba los proyectos de ley que remita el Ejecutivo tras los resultados de la consulta popular.

El debate se centra en que no existe una disposición constitucional que determine sanciones a los asambleístas y tampoco puede considerarse que ante la falta de aprobación entra en vigencia por el ministerio de la ley el texto del Ejecutivo. (I)