Ya está en vigencia un reglamento de alianzas público-privadas que permitirá viabilizar varios proyectos viales y de infraestructura portuaria y de salud. El secretario de Inversiones Público-Privadas, Roberto Salas, explica cuáles son los cambios que se introducen y por qué se fueron por el lado del reglamento antes que por decreto ley.

¿Por qué se requería este reglamento de APP?

Contar con un reglamento y todas sus guías técnicas es un paso adelante para mejorar la competitividad del país y potenciar la atracción de inversiones. Como país hemos estado desactualizados a las exigencias, tanto de inversionistas como de financistas de largo plazo, para poder viabilizar proyectos. Pero ahora el reglamento es un aporte inmediato para viabilizar al menos once proyectos de alianzas público-privadas que están en una parrilla dinámica y que ya tienen estudios de prefactibilidad, factibilidad, otros que están en etapa de reestructuración de contratos. Todo ello dentro de un marco de cuatro áreas: transparencia, eficiencia, acceso a financiamiento y mejoramiento de las iniciativas. Esperamos con esto mejorar los índices de confianza de inversionistas y financistas para la estructuración de los proyectos.

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¿Cuáles son los proyectos que se verán beneficiados de este reglamento?

Son siete viales: Pifo-Y de Baeza, que une la Sierra con la Amazonía; Ambato-Guaranda-Babahoyo, que representa la mayor inversión; Manta-Quevedo, que también es un corredor importante sobre todo para el tema productivo. La Bahía-Pedernales-Cojimíes, la Loja-Catamayo, la Ambato-Baños-Puyo y la Montecristi-La Cadena. Hay otros proyectos viales importantes que están en marcha como el Quinto Puente, pero este no es APP y por eso no está en esta lista que menciono. Dentro de la lista de once proyectos sí están el puerto de Esmeraldas, que es un proyecto de largo plazo que se robustecerá con el tema de los corredores mineros del norte. Además tenemos la primera aplicación de APP en un proyecto público de salud que es la construcción de 20 centros de salud renal y la rehabilitación de otros 20 del mismo tipo. También se van a beneficiar las dos centrales hidroeléctricas: Cardenillo y Santiago.

Esto se traduce en inversión privada, ¿a cuánto ascendería?

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Esto generaría una inversión de $ 7.300 millones con potencial de 146.000 empleos directos e indirectos. Solo en hidroeléctricas llegarían unos $ 4.320 millones. En las vías, $ 2.800 millones; $ 160 millones de los centros de salud renal y 109 (millones) del puerto de Esmeraldas. Lo importante es que al hacer un buen uso de las mejoras que da la normativa, se pueden generar unas buenas experiencias testimoniales de cómo aprovechar la modalidad para más proyectos.

¿Pero qué es lo nuevo del reglamento que permite concretar de mejor manera las APP?

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Doy un par de ejemplos: en el caso de transparencia, el más importante es que se establece el registro único de proyecto APP, que ya existe, pero que ahora será implementado desde el perfil de proyecto. Entonces la información será de acceso público a toda la información desde una etapa más temprana. Hay otro tema importante en la normativa que reduce la discrecionalidad de funcionarios, sobre todo en el tema licitatorio. En cuanto a eficiencia se da una reducción de cuatro pasos del reglamento anterior que le permitirá reducir entre cuatro y seis meses el ciclo de desarrollo. Normalmente dura entre 12 y 36 meses, pero con este reglamento durará un proceso, dependiendo de su complejidad, de 12 a máximo 30 meses. Además se procura un mejor acceso a financiamiento, ya que el reglamento establece estándares altos en el diseño de los proyectos alineados con los requisitos exigidos por la banca. Esto tiene que ver con temas sociales, ambientales y comunitarios de los Acuerdos de París, que además coinciden con los Principios de Ecuador. La idea es que se da más confianza al inversionista al estar ligados los proyectos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así se mejora la calidad de la propuesta del proyecto y se hace más accesible el financiamiento. Además, el reglamento aporta mayor claridad en cómo el Estado asume los compromisos fiscales de largo plazo en los contratos por lo que hay mayor certeza de que los compromisos van a ser pagados. Además se establece un derecho de intervención a los inversionistas para que el proyecto no se venga abajo. Esto ya existe en otros países.

¿Ustedes optaron por esta vía de reglamento, dejando de lado la posibilidad de presentar un proyecto ley ante la Corte Constitucional, porque ya se vio que puede ser un trámite engorroso?

Nosotros vimos que estos once proyectos que ya están activos requerían un apoyo normativo moderno y preferimos no perder un día más y con el apoyo del presidente Lasso dimos el primer paso. No se pierde la visión de que a futuro, cuando haya las circunstancias, se pueda establecer una ley mucho más fuerte. Con una ley se pueden hacer cosas más amplias que no se pueden a través de reglamento.

¿Como cuáles?

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Por ejemplo, cambiar el rol de esta secretaría de ser facilitador a que pase a ser estructurador de proyectos. La idea es que las fases de diseño, estructuración, licitación y adjudicación de contratos pase a manos de la Secretaría y aliviar así de esta carga a los ministerios. Los ministerios, en cambio, se encargarían de la administración de los contratos. Las carteras de Estado no tienen los recursos suficientes para hacerlo de manera correcta.

En cuanto al tema de las APP viales, ¿cómo funciona el tema para el repago a inversionistas?

La ciudadanía debe saber que el Gobierno ha tenido iniciativas de hacer múltiples proyectos viales, ampliaciones, obras nuevas, trazados nuevos, y tiene dos alternativas: hacerlo de manera tradicional con fondos del Estado y muchos de ellos no cobran peaje porque no hay capacidad de pago. Pero hay otros que se los identifica con técnica y análisis financieros, ambientales, económicos, que son candidatos para la participación privada en la que se paga una tarifa regulada por el Estado. La ventaja de la segunda modalidad es que la inversión inicial no la pone el Estado. Las APP están orientadas a la segunda alternativa.

Esta semana se firmó el contrato de Villonaco 3, ¿cuál es la importancia de este?

Villonaco es una buena noticia. Con este se concreta la suscripción del contrato de concesión para iniciar las obras de este proyecto de 110 MW, que tiene una inversión de alrededor de $ 180 millones. El consorcio ejecutor es un grupo español Cobra, que ha perseverado en este proceso, que ha demorado algún tiempo. Si bien fue adjudicado en el Gobierno anterior, lo tomamos y lo hemos viabilizado. Esto es porque la banca de desarrollo determinó que no era viable.

¿Por qué pasó esto?

El proyecto no daba las garantías de financiamiento, no había la suficiente claridad de que los flujos iban a ser suficientes para pagar la deuda. Se estableció el compromiso fiscal requerido. Hubo que rehacer el tema sin cambiar el enfoque, pero sí los instrumentos que lo hacen viable. Lo positivo es que este sirve para dar viabilidad a otros que estaban en la misma situación, como el bloque de energías renovables no convencionales de 500 MW.

¿Cómo quedan entonces los procesos de alianzas público-privadas y cómo se garantiza que los siguientes gobiernos sigan con este tema?

Lo más importante es dejar este legado del presidente Lasso y de esta secretaría que es una parrilla de proyectos activa. En total son 26 proyectos, 11 de ellos bajo las asociaciones público-privadas. Los 26 proyectos tienen un potencial de inversión de $ 21.000 millones. Se pueden suscribir contratos de APP en 2024 y 2025, y los otros proyectos de gestión delegada, en 2026. Esta es una institución nueva que cuenta con $ 30 millones para terminar proyectos de factibilidad y que ha capacitado a 300 funcionarios, incluyendo a personal de la Contraloría.

¿Pero qué pasa si los representantes en el nuevo Gobierno no creen en este tipo de figuras?

Los procesos que ya se firman son contratos del Estado que deben respetarse y los proyectos podrían ser evaluados. Nuestra aspiración es que esa evaluación sea positiva, que se aprovechen esos recursos. Más que ideologías hay que hacer servicios públicos e infraestructura para la gente que genere empleos. Si se eliminan los fantasmas de que la APP son privatizaciones, y se entiende que es una opción para no privatizar, sino para permitir que la inversión inicial no tenga que hacerla el Estado, entonces se podrá continuar con éxito.

¿Cómo evalúa lo conseguido en este tiempo de Gobierno que está por fenecer?

Me gustaría recalcar que la visión que tuvo el presidente Lasso desde el principio fue generar infraestructura a través de esta modalidad nueva y que en todo lo que es gestión delegada. A esos $ 21.000 millones que he mencionado se pueden agregar otros proyectos relacionados con minería industrial y se llegaría a unos $ 25.000 millones, cifra que no es disonante con lo que se había hablado al principio del Gobierno de generar unos $ 30.000 millones de inversión. (I)