La Función Ejecutiva o Gobierno del presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, sus Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Policía Nacional están empeñados en el conflicto armado interno contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes; permanecen desplegados desarticulando y capturando a miembros de las tribus identificadas con nombres de temibles animales: lobos, águilas, tiguerones, etc.; capturando toneladas de cocaína; requisando armas, municiones y explosivos de guerra. El propósito es bajar el índice de homicidios e ir recuperando los niveles de seguridad. ¡Lo están logrando, excelente!

Militares mantendrán el control de las cárceles ‘hasta que sea necesario’

La Función Legislativa o Asamblea Nacional no está en la guerra interna. ¿A qué Estado pertenecerán? Algunos legisladores están tomando y tratando acciones riesgosas y de presión, contra la seguridad interna del país. ¿Estarán abonando contra la supervivencia del Estado por ignorancia, no saber leer, interés personal, grupal o de caudillos, o por “sapos”? Están falseando la fe pública.

Percepción ciudadana de seguridad mejora en el marco del estado de excepción y conflicto armado interno, según encuesta

Pretenden engañar, con el pretexto de endurecer las penas en el COIP, tratando de convencer: que investigaciones previas, reservadas que lleva la Fiscalía General se envíen a pedido de alguna autoridad. ¿Quién garantizará que algún “campanero” no la replique? Que pueda haber revisión de una sentencia ejecutoriada por nuestros tribunales de justicia con base en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de comités de derechos humanos de Naciones Unidas, integrados muchas veces por motivos políticos. Y que a los miembros de las FF. AA. y Policía se les triplique las penas por el uso excesivo de la fuerza durante sus operaciones.

Hay que tomar conciencia de que el sistema carcelario decayó al infierno, por haber estado muchos años en abandono...

En la Función Judicial parece que también existen algunos operadores de justicia que tienen como objetivo la impunidad, ya sea por interés económico o presiones de amenazas de los grupos criminales; esto es un peligro para el imperio de la ley y facilita las actividades criminales. Deberían proponer formar tribunales especiales de justicia para hacer expeditos los procesos de juzgamiento de los terroristas, comprender que no estamos en la normalidad y que, si no actúan a favor de la supervivencia del Estado, lo perdemos. ¿En dónde ejercerán sus funciones profesionales?

‘Que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie, cuando estamos protegiendo los derechos de la mayoría’, dice el presidente Daniel Noboa

Todas las funciones del Estado deben comprometerse en apoyar la guerra interna, para recuperar nuestra seguridad y la posibilidad de trabajar en paz en asuntos productivos, libres de extorsiones, secuestros, sicariatos, homicidios y violencia. Aunar esfuerzos para estabilizar la economía, dar recursos económicos para construir nuevas cárceles, formar guías penitenciarios confiables, depurar instituciones y recuperar la paz.

‘No hay presunción de vulneración de derechos de personas privadas de la libertad’, dice delegado de Pichincha de Defensoría del Pueblo

Hay que tomar conciencia de que el sistema carcelario decayó al infierno, por haber estado muchos años en abandono. Sus instalaciones parecen panales de abejas: tanto hueco, túnel, caleta, escondrijo que se descubre cada vez que hay una intervención militar. ¿Qué pasará cuando salgan las FF. AA. de los recintos carcelarios? La respuesta es obvia.

Es necesario que la declaración de conflicto armado interno se mantenga. (O)