Publicidad
En 2017 hubo un caso de una niña de 5 años que fue discriminada en una escuela de Santa Elena.
Los trabajadores aseguran que fueron convocados en dos ocasiones a la mesa de trabajo por el Ministerio de Energía y Minas, pero fueron suspendidas.
La ministra de Energía y Minas se pronunció tras la aclaración y ampliación que la CC hizo a su sentencia.
El organismo precisó las acciones que debe adoptar CNEL para recuperar los valores pagados inconstitucional e ilegalmente a 1.795 servidores.
Exportadores plantearon un pedido de inconstitucionalidad para los artículos 4 y 7 de la Ley del Banano, pero la Corte desestimó la acción.
La empresa pública empezó a descontar los $ 78,9 millones que 1.795 trabajadores deben devolver en máximo 36 meses.
Exportadores aseguran que las sanciones de la Ley del Banano son desproporcionadas, productores aseguran que quieren eliminar el Precio Mínimo de Sustentación.
La agresión, según Fiscalía, fue cometida en 2018.
El Tribunal de Juicio del caso Metástasis condenó por delincuencia organizada a un procesado como líder y a otras 19 personas como colaboradoras.
Más de 1.700 servidores públicos deben pagar en 3 años $ 78,9 millones a CNEL por percibir beneficios de un contrato colectivo que no les correspondía.
Además de estos once condenados por procedimiento abreviado, en el caso Metástasis otras 20 personas fueron condenadas como líder y colaboradores.
Según la Fiscalía, también debe haber un pago por reparación integral.
“La empresa siempre es respetuosa de la institucionalidad”, indicó el gerente de Furukawa.
El fallo fue aprobado por un voto de mayoría de los jueces constitucionales, aunque hubo los votos salvados de Enrique Herrería y Teresa Nuques.
Los cambios de los centros de privación se dan días después de una última masacre carcelaria que dejó 15 fallecidos.
Los hechos ocurrieron en Ambato desde 2019, según la Fiscalía General del Estado.
El hecho ocurrió en agosto de 2022, cuando un sujeto abusó de una niña con discapacidad intelectual.
La condena incluye el pago de $ 3.000 por parte del sentenciado como medida de reparación integral para la víctima.
Según Fiscalía, una estudiante falleció al intentar acceder a un concierto.
Según Fiscalía, el hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2023 en el sector de La Ronda.