El 24 % de los presos en Ecuador pagan sentencias por narcotráfico y tienen en promedio 34 años

Una de las quejas que este 2023 ha esgrimido la Policía es que muchos sospechosos que son aprehendidos en operativos, incluso con antecedentes penales o condenas recientes, han salido libre o con medidas sustitutivas después de pasar por los jueces.La Policía y especialistas han señalado que debe haber cambios en el sistema judicial para que los responsables de delitos puedan estar cumpliendo las penas que se merecen. Incluso se ha hablado de hacer ajustes en el sistema para que adolescentes implicados en asesinatos y extorsiones puedan afrontar procesos de acuerdo con la gravedad y no recibir un trato como si fueran solo infractores.Actualmente hay 31.321 presos en 36 cárceles en todo el territorio nacional; 29.356 hombres (93,7 %) y 1.965 (6,3 %) mujeres. El 40 % tienen entre 18 y 29 años, el 42,5 % están entre los 30 y 44 años; el 15,4 %, entre 45 y 65 años y el 1,7 % de la población carcelaria son adulto mayores.Estos datos fueron levantados en el último censo penitenciario que en resumen revela que el 24 % de los presos pagan sentencias por narcotráfico y tienen en promedio 34 años.Son 7.537 hombres y mujeres privados de libertad por tráfico ilícito de sustancias, le sigue el delito de robo con 5.522 personas detenidas, es decir, el 17,6 %. Además, en tercer lugar están los capturados por asesinato, que representan el 12,7 % de la población carcelaria, y son 3.998 presos.En cuarto lugar están los violadores, que representan el 11,5 % de los presos y son en total 3.608 reos.De hecho un informe presentado por la Defensoría del Pueblo esta semana reveló que, en los últimos cinco años, se han registrado más de 52.000 denuncias de violencia sexual infantil, contra niños, niñas y adolescentes, en Ecuador. Sin embargo, la cifra de sentencias emitidas es baja, con apenas 2.161 casos han sido resueltos desde el 2019. “Esto es apenas el 15 % de los casos” dijo César Córdova, defensor del Pueblo.El 83,5 % de quienes ocupan las cárceles ya tienen sentencia, es decir, 26.153 reos cumplen sus condenas y el 16,5 % están con prisión preventiva, son 5.167 privados de libertad que esperan resolver su situación legal, revela el censo.También se descubrió que la mayoría de los ya sentenciados fueron asesorados por un defensor público, porque no tenían los recursos para pagar a un abogado externo. Mientras tanto, quienes continúan con prisión preventiva sí tienen un abogado privado.El abogado Daniel Pontón dice que esto se debe a que los defensores ingresan recursos y ponen excusas para no instalar las audiencias, así alargan el proceso y evitan la sentencia el mayor tiempo posible. De esa manera tratan de que sus clientes sean liberados al darse la caducidad de la prisión preventiva, que dura un año.“Hay casos en los que todas las pruebas están en contra y entonces a los abogados solo les toca tratar de ganar tiempo”, explica el penalista.Por es solo 288 PPL están actualmente en etapa de juicio, 172 en apelación y 111 en recurso de casación.El abogado Julio César Cueva coincide en que también se necesita mayor recurso humano en las cárceles y en los juzgados y un software que ingrese datos y alerte cuando una pena se va a concluir porque sostiene que también hay presos que ya han cumplido su sentencia o que tienen derecho a régimen semiabierto, pero sin alguien que haga los trámites (abogado o familia) siguen encarcelados porque la justicia no se mueve.Además, en el censo se conoció que el 89,6 % de los presos son ecuatorianos, frente al 10,4 % de extranjeros, es decir, hay cerca de 3.200 reos de otras nacionalidades. Estos son principalmente venezolanos, colombianos y peruanos.El presidente Daniel Noboa anunció días atrás que ya habían tenido acercamientos con las cancillerías de estos tres países para concretar la expulsión de presos extranjeros que puedan concluir sus condenas de sus países.La medida regirá para los que cumplen condenas de más de cinco años por delitos graves. Son unas 1.500 personas privadas de libertad que sería extraditados en los próximos meses.Aunque la mayoría de los presos son solteros o se denominan en unión libre, al menos 20.564 de ellos tienen hijos menores de edad e incluso sus parejas están embarazadas.Esto también se descubrió tras la tabulación de la información familiar de los reos.Del estado conyugal se supo que 11.480 son solteros, 10.812 unidos, 5.126 separados, 2.249 casados, 1.108 divorciados y 516 viudos.De su instrucción se supo que el 51 % (16.124)de los presos solo ha cursado la educación básica, el 37,8 % (11.845) son bachilleres y el 7,7 % (2.415) tienen educación superior. Además, existe un 2 % (629) que nunca acudió a las aulas.De su salud, se descubrió que 2.756 privados de libertad tienen algún grado de discapacidad y que al menos 169 reos luchan contra algún tipo de cáncer, 10 tienen insuficiencia renal crónica y 7 viven con un tumor cerebral. Además, hay un preso con una malformación arterio venosa cerebral.El censo también recoge información sobre la identidad de género de los reos y sus relaciones afectivas.Por ejemplo, se conoció que 29.158 presos se identifican como hombres, 2.022 como mujeres, 31 como transmasculinos, 73 como transfemeninos y 7 se identifican como no binarios.Además, se les preguntó en cuanto a las relaciones afectivas y 29.041 de los presos dijeron sentirse atraídos por las mujeres, 2.027 de las personas privadas de libertada aseguraron gustar de los hombres y 190 se declararon bisexuales.El 12 de enero se podría poner ya la primera piedra en los dos terrenos que el nuevo Gobierno piensa destinar para la construir de dos cárceles de máxima seguridad en Ecuador. Una de estas prisiones estaría en Santa Elena y la otra en Pastaza.Días atrás, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, reveló que han tenido conversaciones con empresas israelitas, empresas mexicoamericanas, y también con quienes hicieron la cárcel de El Salvador y agregó que tienen planes de financiamiento interesantesDijo que el 5 de enero se espera concretar los terrenos y que una de las empresas incluso visitaría el país.Un experto en seguridad que prefiere mantenerse en el anonimato porque está asesorando a algunos funcionarios del actual gobierno, comentó que si se concreta la construcción con la misma empresa que desarrolló la megacárcel salvadoreña, estas nuevas prisiones contarían con tecnología de punta.Por ejemplo detalló que las prisiones modernas cuentan con un sistema de videovigilancia denominado VMS (Sistema de Monitoreo Virtual) que con inteligencia artificial es capaz de predecir si se dará un amotinamiento, pues detecta los tumultos y da una alerta al existir personas reunidas mucho tiempo.También dice que las nuevas prisiones contarían con sistema antidrones. Esta tecnología, según el asesor de seguridad, permite ver hasta de dónde sale el dron y quién lo están piloteando.“Y si compras herramientas puedes cortar la señal del dron y bajarlo”, detalla el experto.Él aclara que estas nuevas cárceles requieren también talento humano calificado porque sostiene que si los funcionarios sigue aliados a los presos no va a cambiar la situación porque si el software detecta algo el responsable no va a actuar.Este asesor sostiene que esta nueva generación de cárceles cuentan con una cerrajería especial, que tiene la característica de que no cuentan con bisagras, tienen candados diferentes y las llaves son muy difíciles de replicar.“No como en la actualidad que los reos tienen las llaves de los pabellones y los guías piden permiso para entrar”, expresa. (I)

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