Buses de la cooperativa Río Amazonas realizaron un recorrido simbólico sobre la avenida de las Américas durante el desarrollo de la audiencia por la demanda de acción de protección por medidas cautelares que fue impuesta por la empresa contra la Empresa Pública de Movilidad de Guayaquil.
A partir de las 15:00, las unidades de las líneas 54, 73 y 118 empezaron a circular vacías cerca de las inmediaciones del Cuartel Modelo, en el norte de la ciudad.
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”Hemos cumplido y deseamos trabajar”, “45.000 usuarios sin poder movilizarse”, “No nos excluyan de nuestro trabajo” fueron algunas de las frases que se observaron en los carteles que levantaron socios que se apostaron este miércoles, 22 de enero, en la parte baja de la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Cuartel Modelo.
La unidad está ubicada en las inmediaciones del Cuartel Modelo. Hasta este punto del norte de Guayaquil llegó una veintena de colaboradores de la cooperativa, que fue notificada el 31 de diciembre para dejar de operar.
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”Estamos con la esperanza de que volvamos a operar. Necesitamos ayuda, señor alcalde. Necesitamos volver a trabajar”, dijo uno de los socios.
En septiembre anterior, el alcalde Aquiles Alvarez advirtió que no se renovaría el permiso de operación de la cooperativa a cargo de Christian Sarmiento, quien es su gerente y también principal dirigente de la Fetug.
El martes 31 de diciembre de 2024 se notificó a la cooperativa de transporte urbano Río Amazonas la finalización de su contrato de operación.
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) indicó que esto se dio luego de no presentar la información solicitada por la Dirección de Transporte Público dentro de los plazos establecidos para la renovación.
Antes de que se inicie la audiencia, Joselito Argüello, quien asesora legalmente a la cooperativa, recalcó que esta medida “es una retaliación política emitida por parte del alcalde de Guayaquil”.
“Está perjudicando a más de 72 familias, está perjudicando a más de 150 choferes, está perjudicando a más de 21 ciudadanos que trabajan en el ámbito administrativo y, más allá de eso, está perjudicando a más de 45.000 ciudadanos, entre ellos padres de familia, madres y todas las personas que necesitan movilizarse”, señaló Argüello.
El abogado indicó que de no salir a favor el resultado en la audiencia se presentará la apelación correspondiente y se tomarán medidas adicionales. “Nosotros vamos a accionar penalmente en contra de los directores de la ATM y vamos a coordinar acciones para, en el ámbito constitucional, seguir una acción por el incumplimiento de esas medidas cautelares”, dijo Argüello.
A las 16:00, el abogado sostuvo que, conjuntamente con los abogados de la Agencia de Tránsito y Movilidad, se pidió al juez, en virtud de las limitaciones físicas existentes en relación con el espacio, que se suspenda la audiencia y se proceda a realizar un nuevo señalamiento de fecha, día y hora.
“La característica principal de esta acción de Corte Constitucional es la presencia de los sujetos activos, en este caso de los legitimados activos. Las instalaciones de esta unidad judicial no prestan el espacio físico para que todos estén presentes y esa es una obligación frente a la disposición del juez”, recalcó.
Argüello manifestó que en los próximos días se anunciará la nueva fecha para la audiencia. (I)