Casi tres meses después de la captura de tres militares con 95.000 dólares en efectivo en Quito, la Fiscalía ha dado nuevos datos que los involucrarían presuntamente con el caso de las 22 toneladas de clorhidrato de cocaína halladas en enero en Vinces (Los Ríos).
Durante las investigaciones a cargo de la Unidad Especializada en Antilavado de Activos, la Fiscalía reveló que se encontraron indicios de que los procesados habrían planificado actividades que los relacionan con organizaciones criminales, con el propósito de cometer otros delitos para obtener beneficios económicos.
Publicidad
La Fiscalía indica que el dinero encontrado en poder de los tres procesados sería parte de un pago entregado por un grupo de crimen organizado, a cambio de proporcionar “información militar reservada”, que estaría relacionada con el decomiso de –aproximadamente– 22 toneladas de clorhidrato de cocaína, ocurrido el 21 de enero de 2024 en Vinces (Los Ríos).
Ese ha sido uno de los mayores cargamentos de droga que se han decomisado en los últimos años en Ecuador. La incautación fue tan importante que el presidente Daniel Noboa indicó que costaría de $ 300 a $ 500 millones en mercado de destino.
Publicidad
¿Qué condena enfrentarían los tres militares detenidos en Quito con $ 95.000?
Los tres militares procesados son Héctor C. V., Orlando J. M. y Jairo A. L. , quienes fueron aprehendidos por la Policía Nacional, la tarde del 29 de febrero de 2024 con 95.000 dólares en efectivo (billetes de cien dólares). El dinero estaba a bordo de un vehículo estacionado en el parqueadero de un restaurante ubicado en el norte de Quito.
Con los elementos recopilados, la Fiscalía reformuló cargos de delincuencia organizada y lavado de activos contra tres militares (dos en servicio pasivo y uno en servicio activo).
Estos delitos están tipificados en los artículos 317 y 369, respectivamente, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Durante la audiencia de reformulación de cargos, el fiscal del caso señaló que Héctor C. V., Orlando J. M. y Jairo A. L. –además del lavado de activos– adecuaron su conducta al delito de delincuencia organizada con fines de revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, entre otros delitos.
También presentó como elementos de convicción el informe pericial de la materialización de la información contenida en cuatro celulares decomisados al momento de la aprehensión, que evidenció que los involucrados se habrían organizado –de forma previa– para la comisión de la infracción penal, pues intercambiaron mensajes, llamadas telefónicas y archivos.
La Fiscalía solicitó a la jueza que conoció la causa que se ratifique la medida cautelar de prisión preventiva para Orlando J. M. y Jairo A. L., y que se disponga la prisión preventiva para Héctor C. V., a quien se le dictaron medidas sustitutivas.
La jueza acogió parcialmente el pedido de la Fiscalía, ratificando la prisión preventiva para dos de los procesados, mientras que para el tercero, reafirmó las medidas alternativas como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
En sus versiones, los militares alegaron que iban a comprar un carro y que el dinero era producto de negocios y sus jubilaciones.
La instrucción fiscal se ampliará por 30 días más, indicó la Fiscalía. (I)