La operación de las clínicas de diálisis o dializadoras está en agonía. Unas cien personas, entre pacientes renales y representantes de centros, se agruparon nuevamente esta mañana en los bajos de la Gobernación del Guayas, en la av. Malecón y Aguirre.
Con carteles, gritos de consignas y bloqueo de la avenida Malecón, pacientes en sillas de ruedas, allegados y representantes de clínica trataron de exponer la desesperación por el posible cese de operaciones de estos centros debido a la falta de cancelación de haberes pendientes por parte del Ministerio de Salud e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En medio de un intenso sol, la Policía debió acudir al sitio para pedir la liberación de parte de la vía a fin de retomar la circulación vehicular.
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En la avenida Malecón y otras vías aledañas hubo intenso congestionamiento vehicular.
Ricardo Murillo, paciente renal desde hace siete años, expuso que debe adquirir insumos que cuestan entre $ 60 y $ 80 para una de las tres terapias de diálisis a las que debe someterse cada semana.
En las otras dos, por ahora, sí le dan los insumos completos en la clínica asignada, citó. ”Nos están suspendiendo una diálisis, tenemos que comprar los insumos, dos agujas, filtro y la línea, y además tenemos que comprar un galón de ácido y uno de bicarbonato, porque la clínica ya no tiene cómo solventar”, comentó este usuario que se atiende en una clínica ubicada en el sur de la urbe.
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Este paciente llevó varios insumos para exponerlos durante la protesta. ”Nos sentimos prácticamente decepcionados por aportar a un seguro público y seguir comprando insumos por mi salud, no es justo”, dijo.
Eduardo Verdezoto, representante de una clínica de diálisis, indicó que mantiene una deuda por cobrar de catorce meses con ambas entidades por $ 968.000.
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A su vez, él tiene que pagar $ 870.000 a proveedores. Estas empresas desde hace tres meses ya no les fían, por lo que recurren a distintas opciones para mantener los servicios.
Esta clínica arrastra deudas de cinco a siete meses de sueldos de profesionales y ha reducido el 10 % del personal. “Vivimos porque no podemos cerrar, por un derecho constitucional por atentar a la vida tengo obligación de atender, por tener contrato con el Estado”, expuso.
Él atiende regularmente a unos 75 pacientes, quienes pese a las circunstancias, mantienen diálisis peritoneal en sus hogares. ”Hemos inventado mil maneras de financiamiento... el Gobierno sabe lo que tiene que hacer, deberían pagar”, dijo.
Otras dos representantes de clínicas renales, Amanda Condoy y Janeth Alvarado, dijeron que viven una situación crítica por una deuda pendiente de nueve meses del Ministerio de Salud y Seguro Social.
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Suman $ 3 millones de haberes pendientes entre ambas entidades por cada centro. Por estos arrastres, estas clínicas han sufrido el retiro de ciertas máquinas entregadas por proveedores, sin embargo, se mantienen dando la atención a sus clientes con equipos que aún tienen.
Desde hace tres meses no han recibido pagos de estas entidades, manifestaron.
”Ahora estamos al borde de que se acaben todos los insumos”, dijeron.
Un grupo de representantes accedió a la Gobernación y se les indicó que a las 13:30 mantendría una reunión con el gobernador del Guayas. Hasta esa hora, en una acera de la avenida, esperarían los pacientes para conocer una solución a sus pedidos.
El presidente del directorio del IESS, Eduardo Peña, sostuvo que esperan pagar desde julio una deuda vieja con bonos. La prioridad será para Solca, los prestadores que hacen diálisis y operaciones de corazón abierto. (I)
