Municipio de Guayaquil tilda de represalia los bloqueos del Sercop a siete procesos de comunicación tras declaraciones de Aquiles Alvarez

El Municipio de Guayaquil enfrenta la suspensión de siete procesos de contratación vinculados al área de comunicación luego que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dispusiera bloqueos administrativos que impiden su continuidad.

Desde la Alcaldía se sostiene que la decisión carece de sustento técnico y responde a una reacción política tras recientes declaraciones del alcalde Aquiles Alvarez.

César Poveda Valdivieso, coordinador jurídico del Municipio, afirmó que los bloqueos llegaron como una represalia directa luego que el alcalde y su abogado, Ramiro García, se pronunciaran sobre un nuevo diferimiento en la audiencia de juicio del denominado caso Triple A, en el que Alvarez y otras 21 personas naturales y jurídicas son procesados.

Desde Quito, a través de un video difundido la noche de este viernes, 30 de enero, en la red social X, el alcalde y su defensa aclararon que no solicitaron la postergación de la diligencia judicial.

García señaló que estaban listos para asistir a la audiencia. “Nosotros no hemos presentado un solo pedido de diferimiento, no hemos pedido una sola dilación ni mucho menos hemos generado un solo incidente. De hecho, el alcalde de Guayaquil está aquí en Quito, en mi casa, y estábamos listos para acudir mañana a la audiencia”, sostuvo el abogado.

Alvarez, por su parte, lamentó que ciudadanos y observadores se hayan desplazado a la capital para vigilar una diligencia que volvió a diferirse.

Horas después de ese pronunciamiento público, el Municipio aseguró que se activaron de manera simultánea las suspensiones sobre los procesos comunicacionales.

“El señor José Julio Neira, director del Sercop, aparentemente se ha sentido aludido después de las declaraciones del señor alcalde, en las que de forma clara y objetiva se evidenció ante la opinión pública el desgobierno en el que nos encontramos”, manifestó Poveda.

A su criterio, las medidas buscan limitar la capacidad del Municipio de comunicarse con la ciudadanía. “Ellos creen que a través de la mordaza van a impedir que nos comuniquemos directamente, primero con ustedes, generadores de opinión pública, y segundo, con el único y real mandante, el pueblo”, añadió.

Según el coordinador jurídico, el Municipio ha cumplido con todos los requisitos legales en los procesos de contratación relacionados con comunicación social.

Sin embargo, señaló que, “24 horas después de que el señor alcalde se pronuncia frente a los guayaquileños y frente al país, comienzan con la mutilación de (su) capacidad comunicacional”.

Poveda recalcó que la administración municipal no se opone a los controles. “Jamás vamos a estar en contra de que nos auditen las veces que sea necesario. Lo que no vamos a aceptar es que las reglas del juego se cambien cada vez que a ellos se les ocurre”, enfatizó.

Poveda también cuestionó la actuación del organismo de control al señalar que procesos similares ejecutados por el Gobierno central han sido aprobados sin observaciones.

“Procesos idénticos, desde que se inició este Gobierno y por parte del Ejecutivo, han sido celebrados y han pasado sin ningún problema. Incluso, en una crisis comunicacional anterior, se contrataron más de $ 3 millones en dos semanas. Pero como este es un Municipio disidente frente a las voces del poder, entonces hay que callarlo”, afirmó.

Actualmente, los siete procesos se encuentran en curso, pero suspendidos. Poveda explicó que fueron cargados en el portal de compras públicas y que posteriormente el sistema fue bloqueado mediante un acto administrativo que mantiene la prohibición.

Los contratos tenían como objetivo la difusión de spots y materiales informativos sobre obras, servicios, campañas y programas municipales.

Respecto a las acciones que adoptará la Alcaldía, Poveda indicó que se presentarán los recursos correspondientes cuando existan garantías de acceso a una justicia independiente.

“En el supuesto no consentido de que eso no ocurra, igual los vamos a presentar. Este tipo de arbitrariedades no pueden seguir ocurriendo”, apuntó.

En su pronunciamiento, el coordinador jurídico defendió la contratación de pauta publicitaria y advirtió sobre los riesgos de “criminalizarla”.

“La pauta no es un delito. Cuando se pretende criminalizar la pauta se empieza a criminalizar también al periodismo independiente, porque los medios viven de ella. Aquí no estamos tratando de comprar conciencias”, subrayó.

Poveda cuestionó la medida y su impacto en la ciudad. “¿Hasta cuándo pretenden callar al Municipio de Guayaquil? Aquí lo que existe es una persona que, tratando de ganar puntos con el presidente, bloquea a una ciudad”, expresó en referencia al director del Sercop.

Ante la suspensión de los procesos, el Municipio busca alternativas para mantener la comunicación con la ciudadanía.

“Tenemos que acudir a los espacios donde sí se nos permite hablar. El alcalde mantiene un enlace radial todos los miércoles y utilizamos nuestras plataformas digitales, pero eso es insuficiente para una ciudad de más de tres millones de habitantes”, concluyó.

Observaciones del Sercop a los procesos

Según la información detallada por el Municipio, los bloqueos responden a observaciones del Sercop que cuestionan la legalidad de varios procesos de contratación con medios de comunicación.

En cuanto a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), las observaciones se relacionan con un supuesto incumplimiento de los porcentajes de inversión publicitaria establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación.

El Municipio sostiene que dichos porcentajes no son exigibles cuando los estudios de mercado demuestran la inexistencia de oferta suficiente, excepción contemplada en el reglamento de Contratación Pública.

Añade que la estrategia adoptada priorizó plataformas digitales y medios alternativos, sin que ello constituya evasión o infracción legal. (I)