El Concejo de Guayaquil aprobó en primer debate la primera reforma a la ordenanza que regula la colocación de elementos de seguridad, incluyendo rejas, en la ciudad.
La ordenanza que regula la instalación de estas estructuras se aprobó el 4 de enero anterior.
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Sin embargo, este jueves, 4 de julio, el cuerpo edilicio conoció el proyecto de extensión del plazo para regularizar dichos elementos hasta el 31 de julio de 2025.
Inicialmente, se estableció que los ciudadanos debían cumplir con los requisitos y procedimientos para la obtención del permiso temporal para la instalación de elementos de seguridad en el espacio o vía pública hasta finales de este mes.
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Dentro de la ordenanza se detallan tres tipos de portones y sus especificaciones a los que se podría acceder, siempre y cuando se cumpla con la admisibilidad y la factibilidad del entorno para la instalación.
Asimismo, se establecieron multas que van desde $ 92 hasta $ 2.300, en el caso de las más graves.
En la sesión, el concejal Raúl Chávez indicó que al Municipio, desde la entrada en vigencia de la normativa en enero, ha ingresado al menos 500 solicitudes, pero que aún faltan más de diferentes sectores.
”Es un pedido ciudadano la ampliación para regularizar los elementos de seguridad”, reiteró.
La concejal Nelly Pullas manifestó que esta reforma es necesaria para la ciudadanía, ya que existen inconvenientes con los trámites, sobre todo, en grupos o comunidades que tienen pendientes temas de herencias.
Los ediles votaron a favor en este primer debate de la reforma.
La concejal Ana Chóez aprovechó la sesión de Concejo y reiteró el pedido al Gobierno para que se ejecuten acciones contundentes en Guayaquil para frenar la ola de violencia.
En el proyecto de reforma se detalla que, posterior al 31 de julio de 2025, los elementos de seguridad que se encuentren instalados en la ciudad y que no hayan iniciado el trámite de regularización deberán ser retirados.
La administración municipal realizará este proceso, cargará los costos del retiro y la sanción respectiva a las personas o colectivos infractores, señala el documento.
Hasta el 31 de diciembre de 2024, la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil y la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil deberán elaborar manuales o instructivos internos para la aplicación de la ordenanza.
En los próximos días se espera el segundo y definitivo debate de esta reforma. (I)