El 80 % de edificaciones con riesgo estructural se concentra en el centro-sur de Guayaquil: inspección de 2.350 inmuebles se desarrolla en urbe hasta 2027

Una parte de una pared de una vivienda colapsó en la calle Febres-Cordero entre Villavicencio y Guaranda, en el centro de Guayaquil, el 19 de abril.

Los escombros causaron daños en el techado de un taller aledaño. Pedazos de columnas y fragmentos de concreto quedaron en el establecimiento. El desplome dejó daños en un vehículo estacionado en el lugar.

Cerca del 80 % de estos casos de viviendas con riesgos se ubica en el centro y sur de la ciudad, zonas donde predominan construcciones antiguas. Alrededor de diez edificaciones no patrimoniales en Guayaquil registran un nivel alto de colapso, según el gerente de Segura EP, Álex Anchundia.

Desde 2022, el Municipio ha realizado entre 300 y 316 inspecciones por alertas como caídas de mampostería, colapsos parciales o deterioro estructural. Estas intervenciones se activan tras denuncias ciudadanas, recorridos de control o emergencias reportadas.

Anchundia explicó que, tras cada alerta, se ejecuta una inspección técnica. Luego, se notifica a los propietarios para que adopten medidas correctivas. “Se revisa si están comprometidas las columnas, balcones u otros elementos estructurales”, indicó.

Anchundia aclaró que no todas las inspecciones corresponden a inmuebles en riesgo de colapso. Sin embargo, en los casos más graves, se detectan paredes desplomadas, pisos debilitados o estructuras abandonadas sin mantenimiento.

Antigüedad y abandono

Del total de 316 inspecciones realizadas, aproximadamente el 80 % se concentra en el centro-sur. Según Anchundia, esto responde a la antigüedad de las edificaciones y a la falta de intervención por parte de propietarios o herederos.

“Podemos decir que no deberían ser más de diez edificaciones con riesgo alto de colapso en la ciudad”, afirmó. Añadió que la mayoría de estos inmuebles se encuentra deshabitada, lo que reduce el riesgo directo para residentes, pero no para transeúntes.

Uno de los factores que inciden en el deterioro es la falta de mantenimiento. También se identifican construcciones ilegales o ampliaciones no autorizadas que comprometen la estabilidad del suelo y la estructura.

Anchundia mencionó casos en los que se otorgó permiso para una planta y se edificaron hasta tres pisos. “Construyen de manera desordenada y luego se generan estas situaciones”, señaló.

Procedimiento municipal y responsabilidades

El procedimiento municipal se inicia con la notificación al propietario. Si no hay respuesta, la Dirección de Justicia y Vigilancia emite sanciones económicas. Estas multas buscan presionar el cumplimiento de las recomendaciones técnicas.

En caso de incumplimiento persistente, el Municipio puede iniciar un proceso de enajenación forzosa. Esto implica llevar el inmueble a subasta pública para que un nuevo propietario asuma las reparaciones necesarias.

Si no hay interesados en la subasta, se pueden activar acciones legales. Anchundia recordó el caso del edificio Fantasía, que presentaba una inclinación en su estructura y requirió una medida judicial para permitir la demolición con recursos públicos.

“El juez autorizó la intervención y dispuso que el costo se cargue a los propietarios”, explicó. Este proceso puede extenderse entre dos y tres años, especialmente cuando existen múltiples dueños.

El gerente advirtió que los propietarios son responsables civil y penalmente si su inmueble causa daños a terceros. Recordó un caso en el que la caída de una estructura provocó la muerte de una persona.

“Ese propietario incluso fue detenido. Es una responsabilidad directa”, señaló. Por ello, insistió en la necesidad de atender las notificaciones municipales con urgencia.

Plan de mapeo preventivo

En cuanto a las denuncias, la mayoría de las inspecciones se origina en reportes ciudadanos. Hasta ahora, se han procesado más de 300 alertas en distintos sectores de la ciudad.

El Municipio también ejecuta un plan más amplio. Actualmente, se desarrolla una inspección técnica de aproximadamente 2.350 edificaciones, incluyendo hospitales, escuelas y edificios públicos.

Este proceso se inició en diciembre del 2025 y se prevé que concluya entre finales del 2026 e inicios del 2027. El objetivo es contar con un diagnóstico integral del estado estructural en Guayaquil.

“Ya no queremos esperar la alerta, sino tener un mapeo preventivo”, indicó Anchundia. Este levantamiento servirá para el plan de desarrollo territorial del cantón.

Impacto de sismos y coordinación

Sobre edificaciones afectadas por el terremoto de 2016, el funcionario señaló que algunas estructuras han sufrido deterioro progresivo. También los sismos recientes han incidido en casos puntuales.

En paralelo, el Municipio mantiene coordinación interinstitucional para atender emergencias. Las alertas ingresan por la línea 181, el sistema ECU911 o reportes de agentes en territorio.

Anchundia recalcó que, aunque el número de edificaciones en riesgo es reducido, existe un alto volumen de inmuebles antiguos en estado de abandono. Estos no siempre presentan colapso inminente, pero sí deterioro significativo.

Anchundia subrayó que el principal desafío es la intervención en bienes privados. “Es responsabilidad de cada dueño mantener su propiedad en condiciones seguras”, puntualizó. (I)