Durante las últimas semanas, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ha dado de baja a convenios de cooperación que tenía para la instalación de radares en las vías con el fin de multar a los infractores.
Estos convenios fueron firmados por administraciones anteriores con municipios, especialmente de Guayas.
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La CTE ha indicado este miércoles, 1 de octubre, que las infracciones captadas por los radares, notificadas tras la terminación de los convenios, carecen de validez legal.
“Notificaciones de cobro realizadas por GAD tipo B y Mancomunidad Centro Guayas son ilegales”, indicó la entidad.
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La CTE refirió que el bloqueo de estas infracciones de tránsito, generadas por estos radares, se realizó a partir del 20 de septiembre en los sistemas de la ANT y la CTE. Por ello consideró que las notificaciones realizadas son ilegales.
Esta entidad indicó que los usuarios pueden entrar a la página web www.comisiontransito.gob.ec para verificar el listado de los municipios con los que se finalizó el convenio.
Por el momento, la CTE ha terminado convenios con 42 municipios de Azuay, Bolívar, Cañar, El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo y Santa Elena.
En Guayas, por ejemplo, ha suspendido radares en cantones como Yaguachi, Daule, Playas, Bucay, Balzar, Naranjal, El Empalme y Jujan.
La suspensión involucra a más de 160 fotorradares por incumplimiento de la delegación conferida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Un requisito legal establecido en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Además, estos dispositivos no lograron cumplir con su propósito principal de mejorar la seguridad vial y fueron utilizados principalmente con fines recaudatorios.
El exasambleísta Galo Lara, quien denunció en junio pasado una serie de irregularidades en la operación de los radares, explicó que no están en contra de los radares, sino que le robaron el espíritu preventivo, ya que no hubo ni un tipo de mejora en la seguridad vial ni en el personal de tránsito.
“Es un atraco a todos los conductores del Ecuador. Y se ha anunciado que tendrán que devolver el dinero, porque es un cobro ilegal... Se paga en las cuentas de los concesionarios”, manifestó.
Según los informes, se encontraron irregularidades como que había radares ubicados en curvas o pendientes, dispositivos ubicados en coordenadas que no habían sido autorizadas, más radares de los autorizados, multas notificadas luego de 72 horas de la infracción, falta de señalética, cobro de tasas adicionales en la recaudación de multas por las llamadas de notificación, entre otras. (I)