Concejo de Guayaquil da paso a ordenanzas de sistema de protección de derechos y de extinción de patrimonio familiar

La mañana de este jueves, 29 de enero, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, encabezó la sesión de Concejo 154 en el Salón de la Ciudad.

En la cita se aprobaron ordenanzas relacionadas al sistema de protección de derechos y la extinción de patrimonio familiar.

Además, en la cita, algunos concejales hicieron observaciones a la seguridad en el país, a los allanamientos a personajes vinculados con el movimiento Revolución Ciudadana y al proceso que se sigue contra el alcalde Aquiles Alvarez por presunto comercio ilegal de derivados de petróleo.

Aprobación de la ordenanza de protección de derechos

En la parte inicial, el Concejo aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza sustitutiva que regula y actualiza la conformación, organización y funcionamiento del sistema de protección de derechos del cantón, en conformidad con el artículo 322 del Cootad.

Tatiana Coronel, vicealcaldesa, elevó a moción este punto. Como primer punto, esta ordenanza tenía diez años de creación y precisaba una actualización para mejorar la definición de la estructura de los organismos pertenecientes y sus facultades, mejoras de su funcionamiento, así como integrar la participación ciudadana con consejos consultivos.

En apego a lo pedido por la edila Blanca López en primer debate, Coronel dijo que la procuraduría síndica hizo un informe al respecto. En relación a ello, Coronel pidió que se incorpore un texto aprobado de la disposición general cuarta en términos específicos.

A fin de controlar, monitorear y evaluar el sistema de protección de derechos, ella explicó que dentro de la ordenanza se especifica que el Consejo Cantonal de Derechos se encargará de recopilar, analizar y difundir la situación de los derechos humanos en el cantón, especialmente de grupos prioritarios, con el fin de orientar la planificación, mejora y fortalecimiento de políticas públicas.

Juan Xavier Gutiérrez, concejal alterno, expuso que la ordenanza actualiza la conformación, organización y el funcionamiento del sistema de protección de derechos.

“Es una política pública que busca ordenar, organizar y actuar por gestiones directamente de responsabilidad pública”, explicó.

Blanca López, edila, también resaltó que la ordenanza pretende regular el sistema de derechos y un marco normativo que estructure el sistema y las necesidades de la población en materia de derechos.

Ordenanza para la extinción de patrimonio familiar

En otro punto, Emily Vera, edila, elevó a moción en primer debate la ordenanza de extinción de patrimonio familiar constituido en las legalizaciones de terrenos efectuados por el Municipio.

Como antecedente, en los recientes treinta años, el cabildo ha dado aval a la legalización de tierras a favor de posesionarios en aplicación de diferentes normas de carácter expropiatorio, con el fin de evitar el tráfico de tierras, dichas adjudicaciones incorporaron de manera obligatoria la figura de patrimonio familiar.

Eso implicó, según ella, una limitación al dominio del inmueble, sin embargo, la extinción de ese gravamen ha requerido hasta ahora un trámite administrativo municipal posterior a una declaración juramentada ante notario, generando una carga administrativa innecesaria, así como procesos prolongados y trámites reiterativos cuyo resultado en la mayoría de los casos ha sido favorable al solicitante, indicó ella.

Ante esa realidad, Vera dijo que esta ordenanza propone un mecanismo ágil y coordinado con los notarios que permite extinguir el patrimonio familiar de los inmuebles legalizados por el Municipio conforme a la normativa vigente y con mayor eficiencia institucional.

Entre los beneficios, ella destacó la coordinación interinstitucional entre notarios y el Municipio, reducción de carga administrativa, eliminación de tiempos innecesarios para familiares y simplificación de trámites.

El Registro de la Propiedad será la entidad competente para calificar y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la ordenanza.

Alvarez dijo que esta es una precalificación para autorizar directamente a los notarios y evitar la “tramitología” a nivel municipal. “Mientras más podamos evitar este tipo de trámites prehistóricos, mucho mejor”, resaltó.

Concejales critican la justicia y allanamientos

Blanca López expuso sus críticas a allanamientos a personas vinculadas con el movimiento Revolución Ciudadana, entre ellos al domicilio de la excandidata Luisa González, en el marco de una investigación previa del caso denominado por la Fiscalía como Caja Chica.

Pese a la etapa de la investigación, ella señaló que se difundieron imágenes y establecieron algunos señalamientos.

“Eso no es justicia; es vulneración del Estado de derecho. Lo que ocurrió ayer es una vulneración del debido proceso”, remarcó ella, quien agregó que el sistema judicial responde a “agendas políticas”.

Expresó su solidaridad con sus compañeros de movimiento político y también con personal municipal que han sido indagados en casos judiciales.

Alfredo Bautista, edil, también hizo cuestionamientos a la situación de seguridad en el país y el rol del Gobierno.

Aseveró que la justicia debe brindarse con equidad y no al “vaivén del poder de turno” o de grupos delincuenciales.

En torno a la seguridad, expuso que el año anterior se registraron alrededor de 9.000 homicidios en el país, con un tercio de los casos registrados en Guayaquil.

Además, expuso su apoyo al alcalde Aquiles Alvarez en torno a sus declaraciones dadas el martes anterior en las que trató de varios temas de seguridad, gestión estatal y el proceso judicial que se le sigue en etapa de juzgamiento.

Soledad Diab, edila, también aprovechó para hacer una reflexión sobre el servicio público.

“Quienes piensen que llegar a la administración pública sea local, regional o a nivel nacional es una oportunidad para servirse, para atender a sus propios intereses o para saciar ansias de poder con protervos fines, están simplemente condenados a erigirse en ídolos de barro, de esos que están destinados al repudio, al oprobio y al olvido popular”, señaló.

Con la normativa, ella dijo que se busca protección integral, por lo que se actualiza para asegurar el ejercicio, garantía y la exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales, especialmente para grupos de atención prioritaria.

Dijo que da pena que cada día parece que “hay derechos para unos, pero no para todos”.

Defendió que en la Alcaldía se respetan los derechos y también hizo cuestionamientos hacia el Gobierno, incluyendo al primer mandatario, para que se cumpla la gestión en temas de educación, salud y protección social.

En este punto, Alvarez afirmó que en esta materia de protección de derechos se aumentó el presupuesto en $ 500.000.

Alcalde Alvarez se pronuncia sobre proceso

En la parte final de la sesión, Arturo Escala, edil, pidió la palabra para quejarse de los procesos que se siguen contra el alcalde Alvarez y otros actores políticos. Pidió que la justicia prevalezca e hizo un llamado a la protesta.

Aunque no dio nombres específicos, Alvarez dijo que quienes tienen la visión de laborar de una manera diferente a punta de “presión” o “vivir apretando a la gente” van a seguir así.

“La historia es clarita, no creo que exista un cambio de timón, debemos no competir, seguir trabajando, ejecutando nuestro plan de gobierno”, dijo el alcalde.

Sobre el proceso judicial en su contra, Alvarez dijo que se ha pedido que nuevamente sea transmitida en vivo para que la ciudadanía conozca los alegatos presentados.

“Lo va a ver la gente, así que a los jueces que quieran fallar a dedo, si es que ya les entregaron una laptop con la sentencia, yo no me voy a ir, me voy a quedar aquí. Conmigo se equivocan, pensaron que iba a salir corriendo, que me iba a asustar, pero más arre... me pusieron, ¿saben por qué?, porque así me formé, soy chúcaro", dijo Alvarez.